Inquilinos de las VPO de La Alcarrachela denuncian presiones de la propietaria de los pisos

Vecinas y vecinos de las 91 VPO de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada ecijana de La Alcarrachela, denuncian presiones del propietario privado que hace ahora un año compró sus viviendas en la subasta pública que siguió a la venta de activos de la empresa pública Sedesa, anterior propietaria de los pisos.

Algunos inquilinos de las viviendas subastadas aseguran que han recibido presiones para que acepten una subida del alquiler de sus viviendas, el pago de una cuota de comunidad y amenazas de desahucio. “Nos reclama algún tipo de pago extra un supuesto encargado que dice actuar en nombre de la propietaria, y que dice que nos va a meter en el juzgado si no pagamos”, denuncian los inquilinos.

“No queremos irnos de nuestros pisos, llevamos algunos más de veinte años viviendo allí”, protestan las vecinas, que se niegan a firmar una adenda a sus contratos supuestamente propuesta por la nueva propietaria para subir el alquiler de sus viviendas. “Estamos viviendo una injusticia, nos quieren echar y mañana puede pasarle a otra persona”.

Valle Miranda, una de las vecinas que actúa como portavoz de las 91 familias afectadas, subraya que “nunca hemos dejado de pagar: al Ayuntamiento de Écija primero, luego al administrador concursal, y a ahora al nuevo propietario. Nuestras viviendas están algunas casi pagadas y nos quieren echar. ¿Por qué el juzgado mercantil no nos llamó para que participáramos en la subasta?”, reclama.

Las familias han agradecido al abogado Francisco Tejado su ayuda legal gratuita en este asunto, y a IU y Podemos “porque con su ayuda vamos a tirar para adelante porque tenemos el derecho a tener nuestra vivienda como cualquier vecino”, enfatiza Miranda. Ambos partidos consideran que los afectados son “los legítimos propietarios de las viviendas” subastadas y que “tienen el derecho de recuperar esas viviendas por el precio pactado ante sede judicial, porque muchos quieren adquirir en propiedad esa vivienda en que llevan algunos más de veinte años”, expone el concejal de IU en Écija, Eligio García.

IU y Podemos entienden que el proceso de adjudicación de las viviendas en subasta “es nulo” por supuestas irregularidades legales en el proceso. Además, Eligio García sostiene que la empresa propietaria “parece haberse constituido expresamente para quedarse con estas viviendas”. A su vez, han recurrido al Consejo de Transparencia de Andalucía al negarse la Consejería de Fomento a ofrecer información del proceso de subasta de las 91 VPO.

Por su parte, el concejal de Podemos Écija, Mario Perea, señala que “las viviendas fueron pagadas con dinero público, las familias inquilinas han pagado su alquiler y ahora viven una inseguridad jurídica y ven en peligro un derecho fundamental como el de la vivienda por una deuda que no es culpa de ellos, que la han generado malo gestores del Ayuntamiento”.

“Cuando llegue el momento deberán depurarse responsabilidades sobre quién ha provocado esto y cuáles eran las intenciones del administrador concursal de Sedesa, que ha tomado decisiones que van en contra del saneamiento de las cuentas de la empresa”.