enero 18, 2019
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A contracorriente Opinión

Gestión pública

Ahora que terminamos un periodo electoral y nos disponemos a entrar en otro y ante la banalidad, cuando no encanallamiento, de la confrontación, la ausencia de debate y la inexistencia de propuestas sobre modelos de gobierno (quizás porque no se tenga ninguno), parece adecuado iniciar una seria reflexión sobre cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de optar por unas opciones políticas u otras. Y el modelo de gestión de lo público, debe ser uno de los elementos centrales de discusión.

Aunque se asume que la actividad pública ha cambiado a lo largo de los tiempos, pasando de ser garantista a prestacional, la persistente situación de crisis (no solo económica) ha devuelto al debate ideológico la determinación de los límites de la gestión pública, que es bastante más que la mera administración de lo público y que, como algún autor ha definido, tiene por objeto la obtención de los fines que la sociedad valora, con el menor sacrificio posible.

Si las reglas del libre mercado fueron insuficientes para atender eficientemente la provisión de bienes públicos, dando paso a la expansión del estado del bienestar, los postulados de la escuela de Chicago y de los sistemas de Nueva Gestión Pública (NGP), surgidos con fuerza en los años 80 en los gobiernos de Thatcher y Reagan, supusieron la demonización de cualquier intervención del Estado so pretexto de liquidar con ello la esencia de las libertades del ciudadano. La proclamada asimilación de las formas de producción públicas a las privadas, enfatizadas como más ágiles, eficientes y productivas, y el empecinamiento en dirigir la actividad pública a satisfacer las necesidades sociales al menor coste posible, recurriendo a la competencia, nos ha llevado, de nuevo, al culto al mercado.

La resignada aceptación del sistema ha supuesto dinamitar los pilares sustentadores de nuestro sistema democrático y de derecho, imponiendo la necesidad de preservar la competencia, desregularizando amplios sectores de la actividad económica, disgregando el sector público mediante el contracting out (contratación externa de servicios), desmantelando la estructura funcionarial administrativa y el sistema objetivo de provisión de puestos, garantía de la objetividad de la Administración y de su servicio al interés general y, por último, degradando el concepto mismo de ciudadanía al sustituirlo, en la práctica, por el de cliente que, necesariamente, para acceder a los servicios públicos, ha de colocarse en una posición similar a cuando se contrata con la empresa privada.

Hoy por hoy ese es el panorama. Y aunque algunas voces se alzan para denunciarlo, son pocas las que formulan alternativas no demagógicas. La más atractiva y, desde luego depurada critica a la NGP como forma de gestión de lo público, surgió en los años 90 con el nombre de Nuevo Servicio Público (NSP) con una idea inequívoca: la revitalización del concepto de ciudadanía. Los derechos y deberes políticos inherentes a la condición de ciudadano nos han de colocar no en la situación de cliente, sino en la de propietario político y económico de la Administración, legitimado para exigirle resultados y obligado a adoptar un papel activo en la gestión de los servicios. Esta idea, simple en su formulación, no puede sin embargo alcanzarse si no es con una implicación real y directa de los ciudadanos en los procedimientos de gestión pública.

No basta ya con la idea clásica de que el gobierno pertenece a los ciudadanos y ha de estar a su servicio; se trata de transformar la idea de una Administración que trabaje para los ciudadanos, en una Administración que trabaje con ellos. Una Administración que se ocupe de servir y no de dirigir.

El servicio público así entendido no se define en sí mismo, sino por sus beneficiarios, los ciudadanos que, por el contrario, no pueden limitarse solo a su percepción y disfrute debiendo, responsablemente, participar en los respectivos procesos de toma de decisiones.

Si la inestabilidad económica ha puesto algo de manifiesto es, precisamente, la debilidad de amplios sectores privados, que creíamos sólidos, para prevenir y afrontar una evolución económica adversa, obligando al ciudadano a recurrir, de nuevo, al Estado en demanda del mantenimiento, por medios públicos, de los actuales niveles de vida.

Conseguir una gestión pública eficaz, eficiente, participativa y transparente que dé respuesta a una demanda más compleja que la de la clásica procura existencial que dio origen al estado social, es el reto. Las herramientas deben proporcionarlas aquellos que están llamados a ejercer el gobierno. Y los ciudadanos a exigir debates donde cada opción presente sus propuestas para logarlo. Y las elecciones locales es el mejor de los escenarios posibles para proponer fórmulas en ese sentido. El ruido, los reproches, las bravuconerías dejémoslos para aquellos que pretendan gobernar a golpe de mítines populacheros.