abril 26, 2024
El tiempo
Sociedad

La plantilla de Aqua Campiña se concentra a la puerta del pleno

Los trabajadores de Aqua Campiña, la concesionaria del servicio de abastecimiento y depuración de aguas de Écija, se han concentrado a las puertas del Palacio de Benamejí para pedir el cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a la dirección de la empresa a aplicar el convenio laboral propio.

La concentración ha tenido lugar media hora antes de que se iniciara el pleno ordinario de octubre. Aqua Campiña ya ha anunciado que piensa recurrir la sentencia emitida el pasado mes de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La plantilla ha leído un manifiesto al que se han adherido todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento y el sindicato UGT Andalucía.

En el manifiesto, la plantilla señala que quiere recuperar los derechos laborales colectivos que recoge el convenio laboral que “fueron arrebatados de forma unilateral e injusta” por la dirección de la empresa y que estaban “garantizados por el pliego de condiciones administrativas que regía el concurso donde se seleccionó a Aqualia como socio privado”. De esta forma, esperan evitar “la excesiva judicialización del proceso”.

“La situación de precariedad en las condicones de trabajo que están soportando los trabajadores desde enero de 2014, tanto como la conflictividad laboral generada, resulta insostenible y no aconsejable en la prestación de un servicio público tan esencial”, concluye el manifiesto de la plantilla, que ha estado respaladada en su protesta por todos los grupos políticos de la corporación.

Los trabajadores sostienen que la sentencia del TSJA “dictamina la vigencia de los derechos laborales sustraídos a los trabajadores de forma unilateral por la empresa Aqua Campiña, dependiente del Grupo FCC-Aqualia desde enero de 2014”.

Aqua Campiña va a recurrir la sentencia alegando la necesidad de unificación de doctrina, a pesar de que este verano, el consejo de administración de la empresa – que preside el alcalde de Écija – acordó “revisar las condiciones salariales y laborales de la plantilla”, con vistas a llegar a un acuerdo entre empresa y trabajadores que pusiera fin al conflicto.

Esa negociación debía servir para corregir las condiciones laborales y de sueldo de los trabajadores, que han ido a peor desde enero de 2014, según los abogados de la plantilla. Sin embargo, los trabajadores se niegan a acordar nuevas condiciones laborales hasta que no se ejecute la sentencia del TSJA y se aplique el convenio.