El PSOE pide que le aclaren cómo cumplir la sentencia sobre Prodis
El Ayuntamiento de Écija, presidido por David García Ostos (PSOE), ha recurrido el auto judicial que le condena a readmitir o indemnizar a una trabajadora contratada en más de cien ocasiones a lo largo de más de tres años en el organismo autónomo municipal de atención a discapacitados, Prodis. El Gobierno local pide que se le aclare cómo puede cumplir la sentencia.
El juzgado de lo social número 1 de Sevilla condenó a Prodis a readmitir o indemnizar a la trabajadora, despedida el pasado mes de enero y que, según el auto judicial, fue contratada en fraude de ley, al acumular más de cien contratos en algo menos de cuatro años. Contra la sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La trabajadora prestó sus servicios como monitora/cuidadora para el organismo de atención a personas con discapacidad del Ayuntamiento de Écija, contratada de forma eventual entre abril de 2011 y enero de 2014. Formaba parte de una bolsa de trabajo y su prestación de servicios a Prodis “se produjo en virtud de sucesivos contratos temporales eventuales por circunstancias de la producción y uno de interinidad”, el último de los cuales duró alrededor de dos semanas, del 22 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015.
El consistorio ha incorporado a la demandante a la bolsa de trabajo de Prodis y avanza que los servicios jurídicos municipales piden una aclaración “sobre qué debe hacer la administración”, expone la concejala de Servicios Sociales, Yolanda Díez, que explica que el equipo de gobierno no sabe si debe contratarla de nuevo o incluirla como ha hecho en la bolsa de trabajo del organismo de atención a discapacitados.
Según la sentencia, los continuos contratos eventuales firmados por la trabajadora servían para cubrir un exceso de volumen de trabajo en los centros de Prodis en Écija provocados por bajas del personal fijo de los mismos, para lo cual “debería haberse usado el contrato de interinidad”, entiende la magistrada, por lo que “se incurrió en fraude de ley en la contratación”.
