enero 19, 2022
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Política

Entidades multadas por la Junta tienen VPO vacías en Écija

Al menos cuatro entidades financieras e inmobiliarias sancionadas por la Junta de Andalucía tienen viviendas protegidas en Écija que no han incluido en los registros públicos de demandantes de viviendas. Suman un total de cinco viviendas sobre las que la Junta abrió a principios de abril expedientes sancionadores.

Dos de estas VPO vacías y no ofrecidas al registro de demandantes de viviendas son propiedad del Banco Popular; una más de Building Center (sociedad inmobiliaria de Caixabank); otra es propiedad de Unión de Créditos Inmobiliarios; y una última es de Servihabitat.

Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda explican que, a raíz de los procedimientos abiertos a nivel andaluz, la Junta de Andalucía ha abierto procedimientos sancionadores a entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de estas viviendas protegidas que, en la provincia de Sevilla, podrían dar lugar a sanciones de más de 2,5 millones de euros.

El motivo de apertura de los expedientes es “no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20 de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda”.

Los expedientes parten de que los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, “deben prestar una función social”. La Junta ha recordado que los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

“Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave”, recuerda la Consejería de Fomento y Vivienda, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos y ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda.