El SIP-An pide seguridad para los trabajadores de Bienestar Social
El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-An) anuncia que exigirá a los responsables municipales que garanticen la seguridad de los trabajadores del área de Bienestar Social ante las amenazas e insultos que los mismos vienen recibiendo y que el sindicato atribuye a la crítica situación económica “de muchas familias ecijanas”.
Según el SIP-An, los mismos trabajadores de Bienestar Social han firmado un escrito alertando de que están realizando su trabajo bajo un gran peligro físico constante, incluso con riesgo de su “integridad física y moral, debido a la situación crítica que muchas familias ecijanas están soportando”.
El sindicato de policías apunta que se han producido altercados en las oficinas de la calle Evaristo Espinosa, donde tiene su sede la delegación municipal de Bienestar Social, de usuarios que amenazan e insultan a los trabajadores, y que estos episodios “son cada vez más fuertes e intensos”.
Por ello, el SIP-An insta al Gobierno local (PP-PA) a intervenir y tomar medidas para la seguridad de los trabajadores y para “minimizar estos problemas que perturban el normal desarrollo de la actividad en el citado centro de trabajo”.
Así, el sindicato propone un control de acceso al edificio, que recoja los datos de todo el que acceda a él, similar al que ya existe en las oficinas municipales de Urbanismo; también la colocación de una barrera física que sólo puedan abrir los servicios de vigilancia e impida la entrada de personas “sin cita, violentos o no autorizados”.
También propone el SIP-An colocar cámaras de vigilancia, crear un protocolo de acceso y establecer días de visita para evitar la afluencia masiva de público y tener mejor control de los accesos, así como dotar a dos vigilantes de las acreditación oficial del Ministerio de Interior para que sean “más efectivos en su trabajo y puedan realizarlo con mayores garantías”.
Por último, el SIP-An ha mostrado su solidaridad con los trabajadores de Bienestar Social ante las presiones que reciben “dentro y fuera de su jornada laboral” y defienden su profesionalidad “siempre mirando por los intereses de cuantas familias solicitan recursos de esta área municipal”.
