abril 23, 2024
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Política

Demanda de las familias de las VPO vendidas a un fondo buitre para anular la subasta

Un total de 85 familias de las 91 que residen en alquiler en las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía de Écija que fueron adquiridas en subasta por un fondo de inversión, han presentado una demanda colectiva ante un juzgado de lo contencioso administrativo para declarar nula esa subasta.

Argumentan las denunciantes que durante la subasta de sus viviendas, consecuencia de la quiebra de la empresa municipal de Desarrollo, no se cumplió la norma que obliga a comunicar la misma a los inquilinos de las VPO, personas con escasos recursos económicos, un extremo que habría reconocido la Consejería de Vivienda de la Junta.

Al no ser debidamente informados, los inquilinos no pudieron ejercer el derecho de retracto sobre sus viviendas y adquirirlas cuando salieron a subasta. “No les queda ya otra después del ninguneo a que les ha sometido la Junta de Andalucía”, afirma Eligio García Jodar, concejal de IU-Podemos Écija, formación que ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de las personas afectadas.

García Jodar critica también “al PP, que en su momento y en la oposición apoyó a estas familias,  y que ahora en el Gobierno local hace justo lo contrario”. También “a la alcaldesa popular que actúa más como dirigente de su partido yendo de la mano de la Junta que como alcaldesa de todos los ciudadanos”.

El abogado que representa a estas familias, Francisco Tejado, confía en la resolución de la demanda a favor de sus defendidas por el incumplimiento del trámite legal y que, por tanto, la subasta sea declarada nula, tras lo que adelanta que pedirán que las VPO vuelvan a ser públicas y se permita a sus inquilinos adquirirlas en propiedad.

La Junta de Andalucía reconoció que el fondo privado que compró por más de 1,1 millones las 91 viviendas no cumplió el trámite de comunicar su adquisición, con lo que imposibilitó a las familias inquilinas ejercer su derecho de retracto sobre las viviendas. El incumplimiento de ese trámite obligatorio abre la posibilidad a anular la venta de los pisos y recuperar su titularidad pública, puesto que las familias inquilinas no se les ha dado la oportunidad de ejercer el derecho de retracto que permite la normativa.

Además, Tejado adelanta que se reservan ejercer las acciones judiciales oportunas contra las administraciones o personas responsables de la venta de las viviendas de Estatuto de Autonomía sin respetar el derecho de sus inquilinos al retracto.