El Ayuntamiento de Écija pide anular el registro de las 91 VPO subastadas
El Ayuntamiento de Écija ha presentado ante la Junta de Andalucía el anunciado recurso de alzada contra la resolución de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de no ejercitar el derecho de retracto para rescatar las 91 viviendas públicas adquiridas por un fondo de inversión en la subasta de activos por la liquidación de la empresa municipal Sedesa.
El Gobierno local de Écija (PSOE) sostiene que la Junta de Andalucía “no cumple con la ley” y “comete una infracción del ordenamiento jurídico” por cuanto “no hay una asistencia a la administración”.
Para el equipo de gobierno que preside David García Ostos, la Consejería de Fomento de la Junta “falta por dos veces a la lealtad institucional: en 2019 y por escrito nos dicen que van a ejercer el derecho de retracto pero no lo hacen y dicen que lo harán a la segunda oportunidad, lo que tampoco se produce”, afirma la portavoz municipal del PSOE, Rosa Pardal.
“No sabemos qué ha ocurrido en dos años, por qué cambia de postura la Junta de Andalucía, ni entendemos esa deslealtad”, dice Pardal, que asegura que “lo que básicamente mueve a la empresa que ha comprado las viviendas son fines especulativos, no ha venido a ofrecerse a resolver los problemas que tienen esas viviendas, sino a proponerles unos contratos de compra” a los inquilinos.
El recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento ecijano “es un documento técnico, en el que no hay ninguna valoración subjetiva: son hechos fundamentados en la norma”, asegura la portavoz municipal del PSOE, que recuerda que la resolución de Fomento argumenta solamente “que se ha pasado el plazo para ejercitar el derecho de retracto”.
“El plazo lo ha dejado pasar la Junta de manera consciente y de manera consciente deja a los vecinos y vecinas de la calle Estatuto de Autonomía en la estacada”, acusa Pardal, “con un cambio de postura que da la espalda a 91 familias”.
En su recurso de alzada, el Ayuntamiento de Écija pide impugnar el acto de transmisión de las 91 viviendas de la calle Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, dejar sin efecto cualquier acto o resolución registral para volver a tener un plazo de sesenta días en que ejercitar el derecho de retracto y rescatar las viviendas, “o, en segundo lugar, que la Junta, directamente o a través de cualquiera de los entes que la constituyen pueda ejercer la compra de estas viviendas”.
La Junta de Andalucía tiene tres meses para responder al recurso de alzada del Ayuntamiento de Écija, que espera agotar la vía administrativa antes de recurrir a los tribunales y plantear un contencioso “para conseguir que esas 91 viviendas permanezcan dentro del parque público de vivienda protegida”, concluye Pardal.
