mayo 27, 2024
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Écija pide al juzgado que anule la venta a un fondo buitre de las VPO de La Alcarrachela

El conflicto de las 91 familias ecijanas cuyas viviendas fueron vendidas en subasta a un fondo buitre llega a los juzgados. El alcalde de Écija, David García Ostos (PSOE), ha solicitado al juzgado de la ciudad la nulidad de la venta de esas viviendas, en la barriada de La Alcarrachela, para recuperar la titularidad pública de las mismas.

Lo ha hecho mediante un decreto de Alcaldía y a través de una moción aprobada en su día a instancias de IU y Podemos Écija. El Ayuntamiento astigitano argumenta defectos legales en la subasta que adjudicó a un fondo buitre esas viviendas, cuyos inquilinos son personas con escasos recursos económicos a quienes no se ofreció su derecho a optar a adquirir sus viviendas, como reconoció en su día la Consejería de Fomento de la Junta.

Con la interposición de ese recurso de nulidad por la Alcaldía ecijana se abre la vía judicial por lo civil para recuperar las viviendas para las familias que viven en ellas, apoyadas jurídicamente por IU y Podemos y por el abogado Francisco Tejado. En enero pasado, la corporación en pleno apoyó pedir a la Junta de Andalucía que reclamara la nulidad de la venta de las 91 viviendas, algo que no ha hecho el Gobierno autonómico de Juanma Moreno (PP).

La protección social de las viviendas afectadas por esta venta a un fondo buitre se extingue en octubre de 2030. Los pisos eran propiedad de la empresa pública de Desarrollo, Sedesa, y fueron vendidos a su actual propietario privado en la subasta de bienes de esta, disuelta durante el Gobierno local PP-PA.

La Junta de Andalucía ha reconocido que el fondo privado que compró por más de 1,1 millones las 91 viviendas no cumplió el trámite de comunicar su adquisición, con lo que imposibilitó a las familias inquilinas ejercer su derecho de retracto sobre las viviendas. El incumplimiento de ese trámite obligatorio abre la posibilidad a anular la venta de los pisos y recuperar su titularidad pública, puesto que las familias inquilinas no se les ha dado la oportunidad de ejercer el derecho de retracto que permite la normativa.