El Ayuntamiento quiere que la Junta compre las VPO de Sedesa a subasta
El Gobierno local (PSOE) de Écija asegura que está “vigilante” ante la compra de las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía en la barriada de La Alcarrachela, sujetas a subasta para pagar la deuda de la disuelta empresa municipal Sedesa. Dice que quiere que las compre la Junta de Andalucía.
Una empresa sevillana de compraventa de bienes inmobiliarios ha presentado una oferta por algo más de 1,4 millones de euros por las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, propiedad de la extinta empresa municipal Sedesa, bajo administración concursal.
La oferta supera en mucho los 25.000 euros ofertados por el Ayuntamiento de Écija en su día, que, por lo tanto, no ha podido adquirir esta promoción de VPO, y mantener las condiciones sociales para los inquilinos, personas y familias con rentas bajas que pagan alrededor de 78 euros al mes.
Miembros del equipo de gobierno local de Écija, con el alcalde de la ciudad, David García Ostos, a la cabeza, se han reunido con vecinos y vecinas de esas viviendas sociales para informarles de la situación en la que se encuentran sus viviendas. El Gobierno local asegura que está instando a la Junta de Andalucía para que las compre.
Aunque el equipo de gobierno asegura que “el escenario no ha cambiado en meses”, sí ha trasladado a los vecinos que “seguimos vigilantes el proceso judicial, estamos instando a la Junta de Andalucía a que compre las viviendas porque son viviendas sociales y desde el Ayuntamiento nos hemos ofrecido, incluso, a que nos cedan la gestión de los cobros y mantenimiento de las mismas”.
García Ostos ha respondido a las dudas de los asistentes al encuentro asegurando que “éstas son viviendas de carácter social y por su naturaleza deben ser gestionadas por una entidad pública, pero si no fuera así, igualmente debería de ser respetado cualquier contrato que se hubiera firmado con los vecinos”.
De momento “la situación sigue igual”, apunta el alcalde de Écija, “estamos en manos de la Justicia y tendremos que esperar a que el juez dictamine si las viviendas son compradas por una entidad privada que ha ofertado por ellas, por la Junta de Andalucía o por el Ayuntamiento”.
En cualquiera de los casos, García Ostos ha insistido en que la situación de los vecinos debe ser respetada, puesto que los contratos firmados en su día les dan derecho a seguir en sus viviendas y que “ninguna entidad, sea pública o empresa privada, va a poder rescindir estos contratos, puesto que los derechos de los vecinos prevalecen”, enfatiza.
