El Gobierno local asegura que no peligra la propiedad de las VPO a subasta
El Gobierno local de Écija (PSOE) ha trasladado un mensaje de “tranquilidad” a los vecinos y vecinas de las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, que se subastan dentro del concurso de acreedores de la extinta empresa pública Sedesa y por las que una empresa inmobiliaria ha ofertado más de 1,4 millones.
El equipo de gobierno asegura que “no peligra la situación” de esas viviendas ni su propiedad por sus actuales inquilinos. La oferta de esa empresa, dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios, supera en mucho los 25.000 euros ofertados por el Ayuntamiento de Écija.
No obstante, el equipo de gobierno afirma estar “relativamente tranquilos” acerca de la propiedad de las 91 viviendas, ocupadas por personas con escaso poder adquisitivo y en riesgo de exclusión social.
“El problema sigue estando pero es el mismo que hace cuatro años”, afirma el portavoz municipal del PSOE, José Antonio Rodríguez, “no tememos una alarma mucho mayor por una cuestión fundamental: son viviendas sujetas al registro municipal de vivienda y los inquilinos tienen que ser a través de ese registro”.
Según Rodríguez, ese aspecto legal impide que las viviendas de Estatuto de Autonomía sean ofertadas en el mercado libre, además de estar sujetas a patrimonio municipal del suelo, por lo que no pueden perder su clasificación de vivienda social.
“Eso significa que, desde un punto de vista mercantil, [la compra de esas viviendas] no es una operación rentable porque al final tiene un sujeto concreto y un alquiler concreto, un alquiler social”, señala el portavoz municipal del PSOE, “y no las puedes vender a quien quieras sin permiso del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía”.
Aunque el portavoz del Gobierno local admite que existe la posibilidad de que la inmobiliaria acabe comprando las 91 VPO de Estatuto de Autonomía “no puede cambiar los condicionantes”. “Lo único que puede hacer es aumentar el precio del alquiler hasta un máximo”, señala y concluye recomendando a los inquilinos “pagar el alquiler y que guarden el recibo del pago” como prueba de estar al día.
