Fijado para octubre de 2025 el juicio por la muerte de un niño en una montería
El Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla ha fijado para el 31 de octubre de 2025, el juicio promovido contra un cazador por la muerte de un niño de cuatro años, natural de Écija, alcanzado de manera fortuita por un disparo de escopeta en una montería celebrada el 19 de enero de 2019 en una finca de Guillena
El suceso tuvo lugar el 19 de enero de 2019, durante una montería en una finca del término municipal de Guillena. El menor falleció tras recibir un disparo accidental de un cazador que participaba en la montería, Luis Antonio G., de más de 60 años, único acusado en la causa abierta.
El grupo de Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de La Rinconada abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte del menor y detuvo a Luis Antonio G., quien cuenta con las licencias para uso de armas y cazar en regla, así como con el seguro de responsabilidad civil en vigor.
El acusado, según declaró, no conocía a la víctima ni a su padre. Durante su declaración relató que, estando en su puesto, escuchó ruido y observó movimientos entre la ingente cantidad y alta maleza existente en la finca, por lo que se adelantó, según su relato, para observar qué era y, tras “un giro de 90 grados”, disparó hacia la derecha, donde se encontraba el niño, resultando éste herido por el disparo y posteriormente muerto.
Según el testimonio de sus padres, el menor “en ningún momento” se salió del puesto en el que se encontraba junto a su padre como observador, asegurando que el abuelo y el padre del niño vieron antes de los hechos al encargado de la rehala “llamar la atención al acusado para que se fuera a su puesto”.
Tras las diligencias tramitadas por el Juzgado de Instrucción número 16, el acusado se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel tanto por la Fiscalía como por la acusación particular que ejercen los padres del menor fallecido, por un delito de homicidio por imprudencia grave, reclamando el Ministerio Público una indemnización de 228.000 euros para la familia, que de su lado solicita 415.584 euros.
Rosario Serrano, abogada de la familia, expone que los padres de la víctima están “indignados” ante los plazos previstos para la celebración del juicio.
