mayo 23, 2022
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Política

IU acuerda con afectados acciones legales contra la subasta de las VPO de La Alcarrachela

Vecinos y vecinas afectados por la venta a un fondo de inversiones privado de las 91 VPO de Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, se han reunido con dirigentes de IU y con el abogado Francisco Tejado para acordar acciones legales contra el procedimiento por el que subastaron sus viviendas.

Las viviendas, de titularidad pública, fueron adquiridas por un fondo de  inversión en subasta, dentro del procedimiento de liquidación de la empresa pública de Desarrollo, Sedesa. IU ha propuesto a los vecinos y vecinas afectados plantear una demanda ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla para anular esa venta, al considerar que el juzgado es improcedente, y dar a las personas afectadas la posibilidad de tener un derecho preferente sobre la compra de las viviendas.

El abogado Francisco Tejado sostiene que “ha habido una serie de irregularidades de la mano del equipo de gobierno [PP-PA] que solicitó la declaración del estado concursal de Sedesa”. El letrado señala que ni el juzgado era competente “ni se le dieron todos los elementos que se le deberían haber dado para que hubiese resuelto conforme a derecho y con conocimiento completo de la decisión que tenía que tomar porque, se quiera o no, Sedesa era una administración pública, sometida al derecho público”.

“Por tanto, y conforme a la ley concursal, no se la podía someter a concurso”, sostiene Tejado, que señala “otras irregularidades, como que no se ha escuchado a los arrendatarios, a los que ya el Tribunal Supremo señala que se tiene que escuchar siempre y, en este procedimiento concursal en concreto, no se les escuchó”.

El abogado señala además una tercera irregularidad en la subasta de las 91 VPO de La Alcarrachela en el sentido de que debió permitirse a los vecinos y vecinas afectados ejercer su derecho a retracto para optar a comprar sus viviendas. “El Supremo ha llegado a decir que las viviendas de promoción pública son casi bienes de dominio público y tienen una protección que se ve que aquí ha brillado por su ausencia”, critica, y añade que “no se ha respetado que quienes tengan parte, como los arrendatarios, puedan ejercer su derecho de retracto”.