abril 19, 2021
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Sociedad

Los afectados por las riadas de 2010 aún no han sido indemnizados

Tres de los vecinos de Écija que ganaron el año pasado la demanda contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad por las inundaciones de diciembre de 2010 aún no han cobrado la indemnización que, según la Audiencia Nacional, les corresponde por los daños sufridos en las seis riadas que tuvieron lugar ese mes.

Según el bufete de abogados de Fernando Osuna, estos afectados “llevan más de siete meses esperando cobrar la sentencia ganada” que señala que “la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija son los responsables y tienen que indemnizar a los afectados”, según el letrado.

Apunta Osuna que las indemnizaciones a recibir por sus clientes “superan los 14.000 euros”. “Se censura por el tribunal que el arroyo Argamasilla no estaba limpio; la Junta de Andalucía también es responsable dado que tenía que haber contribuido a que el arroyo estuviera en condiciones normales y no obstaculizado con ramas, arboles, enseres y otros objetos impeditivos”, afirma el abogado.

Los afectados sostenían que las seis inundaciones que Écija sufrió en diciembre de 2010 fueron culpa de “la obstrucción del arroyo”, ya que “las aguas de las lluvias caídas en Écija en los días en cuestión no colman la capacidad de encauzamiento del arroyo Argamasilla” y que el cauce de este “se redujo considerablemente por no estar adecuado a su fin”.

“La Junta de Andalucía defendía  que la competencia para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial corresponde a la Administración del Estado y que era el Ayuntamiento de Écija el competente para el mantenimiento y limpieza del arroyo al discurrir por el casco urbano”, argumenta Osuna, y el consistorio “únicamente alegaba que la competencia para el mantenimiento de cauces de ríos y arroyos es de la Comunidad Autónoma”.

En mayo del año pasado, la Audiencia Nacional condenó a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Écija a indemnizar a tres afectados por las inundaciones de diciembre de 2010 y enero de 2011. Ambas administraciones “son responsables de forma solidaria, lo que quiere decir que, si uno no paga, el otro tendrá que hacer frente al cien por cien de la indemnización”, concluye Fernando Osuna.