El SAS indemnizará a una mujer que se atragantó con un hueso de pollo
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia que condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una indemnización de 320.446,54 euros a una mujer de 44 años de Écija a la que no diagnosticaron que se había atragantado con un hueso de pollo pese a ir diez veces al hospital en un plazo de 13 días.
Esto puso “en grave riesgo” la vida de la paciente, que estuvo “al borde la muerte” y que sufrió “importantes” secuelas, según la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que rechaza así el recurso elevado por el SAS, al que impone además las costas, contra el fallo dictado en septiembre de 2013 por el juez de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla.
El SAS recurrió alegando, entre otros motivos, que la sentencia habría incurrido en error en la valoración de la prueba, pero el TSJA “coincide” con el juez en que lo que hubo fue “un manifiesto error en el diagnóstico, pese a que la enferma puso de manifiesto desde el primer momento el origen de sus molestias y llegó a acudir a los servicios de asistencia incluso con fiebre”.
Un diagnóstico a tiempo “hubiese permitido un tratamiento adecuado de la infección, lo que hubiese evitado el grave deterioro que puso en peligro su vida”, asevera el TSJA, que añade que, en este caso, se produjo “un daño perfectamente evitable con un diagnóstico adecuado a tiempo”, de manera que “estamos ante un daño conocido ligado causalmente a una mala práctica médica”.
La presidenta de la asociación ‘El Defensor del Paciente’, que ha llevado el caso, Carmen Flores, ha aseverado que este caso “es un claro ejemplo de la descoordinación y mal funcionamiento de la administración sanitaria andaluza”, y de hecho la sentencia resalta que “la falta de coordinación entre administraciones públicas no puede perjudicar al usuario y menos, cuando gestionan un mismo sistema sanitario público andaluz”.
En la sentencia ahora confirmada, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla ponía de manifiesto que los sucesivos errores en el diagnóstico “hicieron” que la enferma “llegara a una situación de gravedad extrema, con un índice de mortalidad que supera el 80 por ciento”, y que motivó que la mujer tuviera que estar ingresada finalmente 171 días, 96 de ellos en la UCI.
“La falta de un diagnóstico precoz ha puesto en grave riesgo la vida de esta enferma, le ha proporcionado un evidente sufrimiento físico y psíquico y le ha dejado una serie de secuelas importantes para toda su vida”, dice el juez, que relata que a consecuencia del error médico la mujer ha sufrido la extirpación del intestino grueso, la pérdida de audición, deformidad estética importante, trastorno depresivo reactivo, daños morales e incapacidad “absoluta” para cualquier trabajo.
