Un juzgado cuestiona la legalidad de las contrataciones en Ecijanova
Una sentencia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla da la razón a los dos trabajadores de la extinta empresa municipal de Desarrollo, Sedesa, que demandaron al Ayuntamiento de Écija y a la nueva empresa pública, Ecijanova, por haber sido despedidos al no aceptar las condiciones de su paso a la nueva entidad.
Según el Gobierno local (PSOE), la sentencia acredita que la intención del anterior ejecutivo (PP-PA) era crear un ente instrumental – Ecijanova – que absorbiera a las otras empresas municipales y en el que pasaran a prestar sus servicios los trabajadores de estas. Los dos demandantes no aceptaron las condiciones de traspaso de Sedesa a Ecijanova y fueron despedidos en noviembre de 2014.
El fallo judicial declara improcedente el despido y condena al Ayuntamiento a readmitir o indemnizar a ambos empleados, algo que costaría 60.000 euros sumando también salarios de tramitación, según fuentes municipales.
Para el Gobierno local del PSOE, la sentencia acredita que el procedimiento para crear Ecijanova “no se ha hecho de acuerdo a la legalidad vigente”. “Tenemos una sentencia que dice que el procedimiento que se llevó a cabo para la integración de estos trabajadores fue ilegal”, resume Sergio Gómez, concejal de Gestión del Espacio Urbano.
Gómez señala que existen numerosos informes municipales previos a la creación de Ecijanova indicando el procedimiento a seguir en la misma y cómo debían pasar los trabajadores de una empresa a otra, “todos en el mismo sentido y todos en el sentido que ahora dicta la sentencia”.
“¿Y qué hace el PP en connivencia con el PA? Recurrir a un gabinete jurídico externo porque los técnicos municipales no decían lo que ellos querían escuchar, gabinete externo al cual se le abona en torno a 180.000 euros del erario público, para llevar a cabo unas actuaciones encaminadas a lo que la sentencia dice que no está correcto, anula o, cuanto menos, cuestiona”, expone Gómez.
Para el concejal de Gestión del Espacio Urbano, la sentencia “reafirma el desastre de gestión que ahora todos los ecijanos van a pagar, porque esta sentencia hay que pagarla”. “Casualmente esto ocurre paralelamente a la bajada de sueldos en Aqua Campiña, obedece a la misma política de recorte de derechos”, señala.
“Cumpliremos la sentencia como es de ley, y vamos a trabajar por la seguridad laboral y jurídica de los trabajadores de este Ayuntamiento”, concluye Gómez, que se muestra “preocupado porque esto afecta presupuestariamente a Ecijanova, pero intentaremos que afecte lo menos posible” porque “no somos capaces de prever qué consecuencias puede tener” la sentencia.
