Rebajan a cuatro años el contrato de la basura para ajustarlo a la ley
Seis meses después de que la justicia anulara el contrato de recogida de basuras, el Gobierno local (PSOE) lleva al pleno del Ayuntamiento de Écija un nuevo pliego de adjudicación del servicio, que sale a concurso por cuatro años más otros dos de prórroga, en lugar de los diez en que fue adjudicado el contrato invalidado por la justicia.
En noviembre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales anuló de oficio el contrato adjudicado a Ecilimp en julio de ese mismo año por atentar “contra el principio de igualdad”. Entendía el Tribunal que la adjudicación del contrato y “todo el procedimiento de licitación” habían incurrido “en un vicio de nulidad de pleno derecho” y obligó al consistorio a “aprobar unos nuevos pliegos y convocar otra vez la licitación”.
La primera irregularidad en el proceso para contratar el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria estaba en la naturaleza del pliego de cláusulas, que no podía ser un contrato de gestión de servicio público sino un contrato de servicios. La diferencia entre ambos tipos de contrato está en la duración del mismo: mientras que un contrato de servicios está limitado a cuatro años, un contrato de gestión de servicio público no tiene límite temporal, según la ley.
En este sentido, el equipo de gobierno saca ahora a concurso un contrato por cuatro años con posibilidad de prorrogarlo por dos más, con el mismo precio de salida: 1,18 millones anuales por la limpieza viaria y 993.000 euros por la recogida de residuos sólidos urbanos.
Tras la anulación del contrato por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el Ayuntamiento prorrogó el servicio que venía prestando hasta entonces la empresa ecijana Ecilimp, que ofertó en julio pasado 2,07 millones de euros anuales por el contrato.
A pesar de que el período de contratación del servicio es sensiblemente menor (seis años menos), el pliego de condiciones sigue manteniendo las supuestas mejoras tecnológicas y ambientales (como la supresión del bolseo) en el servicio que justificaron el precio del contrato anulado.
