El PP acusa a la Junta de no subir las transferencias del PATRICA
El PP de Écija acusa a la Junta de Andalucía de no haber incrementado las transferencias a cuenta de su participación en los tributos de la comunidad autónoma (PATRICA) y de incumplir con ello el compromiso adquirido en 2011 de subir de forma paulatina la misma hasta el año 2014.
Según el concejal de Urbanismo y Hacienda, Rafael Serrano (PP), la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, especificaba que la Junta destinaba 420 millones a este capítulo, al que se irían incorporando 60 millones en 2012, otros 60 en 2013 y 60 millones más en 2014.
“Se comprometieron a subir esa asignación y no han cumplido”, acusa Serrano (en la foto), que argumenta que “se supone que deberíamos estar ingresando alrededor de 2,9 millones y recibimos dos”. El concejal de Hacienda calcula que, de acuerdo con el número de habitantes de la ciudad, a Écija le correspondería recibir algo más de 300.000 euros de esos 60 millones anuales incorporados a la PATRICA desde 2011.
Eso supone que la participación de Écija en los tributos de la Junta se habría incrementado en más de 900.000 euros en los tres últimos años. Serrano apunta que “decían que nos iban a subir a los ayuntamientos casi el 20% y han incumplido, es vergonzoso”.
A este supuesto incumplimiento, el concejal de Hacienda contrapone las transferencias del Estado con cargo a los presupuestos generales, “que han subido de 6,7 millones en 2011 a los casi 8,3 que esperamos ingresar este año”. En los presupuestos municipales para 2015, el Gobierno local (PP-PA) ha consignado 2,1 millones de euros por ingresos de su participación de los tributos autonómicos, por los que recibió 2,08 en 2014.
Los ayuntamientos reciben su participación en este fondo a través de cuatro partidas trimestrales. La distribución de las cuantías se realiza a través de una fórmula objetiva que pondera población, dispersión geográfica, superficie urbana y capacidad fiscal, tal y como recoge la Ley 6/2010, de 11 de junio.
