IU dice que la reforma judicial del PP dejará a Écija sin juzgados
El Grupo municipal de IU alerta de que la reforma de la justicia puesta en marcha por el Gobierno central que preside Mariano Rajoy supondrá en la práctica la supresión de juzgados de paz y de primera instancia en Écija que, según IU, dejará de ser cabeza de partido judicial.
La formación de izquierdas llevará al pleno de este mes una moción para rechazar “el cierre de los juzgados, la privatización de los registros civiles y por el acceso a una justicia de calidad, universal y gratuita”, que se basa en las reivindicaciones de la plataforma SOS Justicia, integrada por sindicatos, organizaciones de la judicatura y numerosos colectivos de diversa índole.
Según la concejala de IU, Dolores Rodríguez, la reducción del número de partidos judiciales, “obligará a la gente a tener que ir a Sevilla a denunciar, porque se va a dejar sólo uno de los catorce que hay”. “Los ciudadanos tendrán que desplazarse para asistir al juzgado”, avisa Rodríguez, “se eliminarán los juzgados de paz y de primera instancia y también tendrán que desplazarse a Sevilla las mujeres que asistan a juicios por violencia machista, con el riesgo que eso conlleva”.
Para la concejala de IU, la reforma de la justicia “es una serie de despropósitos que nos afecta a todos los ecijanos”. “Está claro que se va a reducir el número de denuncias, por las tasas judiciales”, afirma la edil, que también alerta de que “el registro civil se va a privatizar para dejarlo en manos de los registradores mercantiles”.
IU también señala que la reforma provocaría la pérdida de puestos de trabajo y el traslado forzoso de funcionarios. “La nueva demarcación de los juzgados que pretende aprobar el PP no estaba en el programa electoral con el que ganaron las elecciones”, concluye Rodríguez.
El partido judicial de Écija, el número 10 de la provincia, atiende a las poblaciones de Cañada Rosal, La Luisiana, Fuentes de Andalucía y Écija, ofreciendo servicio a algo más de cincuenta mil habitantes.
Según SOS Justicia, los municipios cuyos partidos judiciales se suprimen “tendrán el coste añadido de la reducción de su actividad económica por el movimiento que genera en esas poblaciones la propia existencia de los juzgados”.
