Los detenidos por presunta violación grupal se podrían enfrentar a 12 años de cárcel
Los tres detenidos por la presunta violación grupal de una menor en Écija podrían enfrentarse a una posible pena de diez a doce años de cárcel. Se les atribuye un presunto delito de agresión sexual.
Fuentes del caso han explicado a Écija Al Día que el caso puede dilatarse entre uno y dos años, ya que, en la actualidad, está en la fase de diligencias previas y todavía debe pasar un plazo para la apertura de juicio oral y el procedimiento judicial.
Según la víctima, había “salido con una amiga” para pasar la noche en una discoteca de la localidad de La Carlota (Córdoba). Los presuntos agresores, a los que la menor afirma no conocer con anterioridad, se ofrecieron a llevarla de regreso a Écija con un amigo.
Durante el trayecto, “se durmió” y “cuando despertó la estaban violando” tres varones, según han dicho, en una suerte de “descampado” al que habría llegado el coche en el que viajaba.
La Junta atiende a la víctima y a su familia en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Écija, donde ha puesto a su disposición el servicio especializado para víctimas de violencia sexual que incluye atención psicológica, asesoramiento jurídico y asistencia letrada en caso de denuncia.
La consejería de Inclusión Social, Loles López, ha insistido en la necesidad de que las víctimas denuncien no para recibir ayuda, “que la tienen garantizada”, sino para que el agresor “lo pague”.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que tiene que caer “todo el peso de la ley” sobre los agresores sexuales, y ha explicado que el caso de Écija se está investigando en este momento y, por ello, ha mostrado su respeto con las investigaciones.
No obstante, ha incidido en que en España hay un marco normativo “que permite que las mujeres estén más a salvo, más tranquilas, más seguras y que su palabra desde luego sea la única que en este momento tiene valor”.
En ese sentido, Redondo ha manifestado que la ley del ‘sólo sí es sí’ “es una ley importante que pone el consentimiento en el centro”. “Cuando no se produce ese consentimiento todo el peso de la ley tiene que recaer sobre los agresores”, ha sentenciado.
