Instan al Ayuntamiento de Écija a indemnizar a una familia por el ruido de un bar
El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que el Ayuntamiento de Écija debe indemnizar con 30.000 euros a una familia por las molestias causadas por un bar junto a su domicilio.
El dictamen, emitido a finales del pasado mes de mayo, es desfavorable a la solicitud municipal de desestimación del procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por una familia de la localidad contra el consistorio.
Esta familia reclamaba una indemnización de 65.700 euros por “los efectos lesivos que sufrió como consecuencia de la excesiva contaminación acústica derivada de la actividad del local situado junto a su vivienda”.
La primera denuncia tuvo lugar el 6 de mayo de 2016 y tras esta “la Policía Local se personó y cesaron las molestias (según reconocen los reclamantes)”, cita el dictamen del Consejo Consultivo, que entiende que, por tanto, “no se puede hablar de una inactividad total por parte de la Administración”.
“De hecho, las diversas actuaciones seguidas por el Ayuntamiento y que obran en el expediente son una muestra al respecto”, sigue el dictamen, que recoge nuevas denuncias de los reclamantes por el mismo motivo los días 5 de noviembre de 2016 y 15 de enero de 2017, que “propiciaron la actuación correspondiente de la Policía Local; tras la denuncia de 9 de diciembre de 2016 se realiza inspección ocular y el 20 de abril de 2017 se le impone una sanción; en julio de 2018 se levantan varias actas de denuncia por ocupar la vía pública sin autorización municipal”, añade el Consejo Consultivo.
El daño producido se da por finalizado con el inicio del procedimiento de cierre del bar. No obstante, el dictamen del Consejo Consultivo sostiene que “la actividad desplegada por la Administración ha de reputarse insuficiente como revela que solo tras aproximadamente dos años desde la primera denuncia cesara la actividad contaminante para los reclamantes”.
“Tras la imposición de sanción, el establecimiento siguió siendo un foco de ruido sin que se adoptaran medidas hasta que en octubre de 2018, existiendo previamente la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, se iniciaron actuaciones para el cese de la actividad, lo que se constató en diciembre de ese año”, avala el Consejo Consultivo, para quien la actividad de la administración en este caso “ha sido insuficiente e ineficaz para impedir la emisión de la contaminación sonora que ha perjudicado a los reclamantes”.
