Carazo insiste en que “carece de posibilidad legal” para el retracto en las VPO subastadas
La Junta de Andalucía ha insistido en que “no tiene posibilidad legal” para ejercer el derecho de retracto en las 91 viviendas protegidas de Écija que han acabado en manos de una empresa privada en un procedimiento de subasta, tras la liquidación de la empresa municipal Sedesa.
Así lo ha expresado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, durante la sesión plenaria del Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista, que ha instado a la titular de este departamento a que desvele qué acciones tiene previsto realizar la Junta en relación a ese derecho de retracto.
“No tenemos posibilidad legal de ejercer ese derecho de retracto porque es aplicable a segundas y terceras transmisiones, no a las primeras. ¿Está pidiendo que nos saltemos la ley?”, se ha preguntado la consejera durante su intervención, en la que ha destacado que la Junta no ha vendido la promoción de viviendas sociales a fondos buitre. “La transmisión se ha realizado por subasta judicial. No somos propietarios ni lo hemos sido”.
La consejera de Fomento ha añadido que el problema suscitado en la localidad en torno al devenir de esas viviendas tiene su origen en la “pésima gestión del Ayuntamiento de entonces, que ha derivado en que ahora estén en manos de una empresa privada”.
Por su parte, la parlamentaria socialista Verónica Pérez ha afirmado que seguirán reclamando al Gobierno andaluz que ejerza el derecho de retracto porque hay decenas de familias “en vilo” como consecuencia de que sus viviendas están en manos de un fondo buitre.
“Nuestro empeño es defender a esas 91 familias que se sienten abandonadas por la Junta y que tienen en riesgo un bien tan preciado como es un techo”. “Nadie entiende que se coloquen del lado de los especuladores y no rescaten esas viviendas para el parque público. Rectifique y comprométase”, ha interpelado la dirigente socialista a la consejera.
Desde el PSOE-A vienen reclamando a la Junta que asuma sus competencias porque el Gobierno autonómico “ya intervino en un caso similar en Santiponce (Sevilla) en 2018, con el rescate de viviendas protegidas municipales dependientes de una empresa que entró en concurso de acreedores y cuyo patrimonio residencial acabó en un fondo de inversión”.
