PSOE-A urge a la Junta a posicionarse en el caso de las 91 viviendas subastadas
El PSOE de Andalucía ha exigido este viernes al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP) que “diga claro y se posicione junto al derecho a la vivienda y a familias vulnerables”, y no “en la defensa de la especulación inmobiliaria” en el caso de las 91 viviendas protegidas de Écija compradas por un fondo de inversión.
Así lo ha reclamado el portavoz de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Felipe López, en una atención a medios en Écija en la que ha señalado que la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), “miente solemnemente al negar la competencia autonómica sobre este asunto y no ejercer el legítimo derecho de la Junta al retracto”.
López ha incidido en que las familias afectadas están “en alarma social”, y ha explicado que se trata de 91 viviendas de protección social que fueron subastadas por la liquidación de la sociedad mercantil municipal Sedesa y que han acabado en un fondo de inversión.
Los grupos políticos del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad que la Junta ejerza el derecho de retracto y estas viviendas pasen al parque público autonómico, sin que el Gobierno de PP y Cs “haya dado un paso mientras corre el plazo de 60 días marcado por ley para realizar este procedimiento”, dice López, que ha insistido en que “la consejera dice que ‘no’ mintiendo solemnemente”, porque el Gobierno de la Junta ya intervino en un caso similar en Santiponce, también en Sevilla, en 2018.
En aquella ocasión, según ha recalcado el parlamentario socialista, el ejecutivo autonómico usó la Ley de Tanteo y Retracto “para incorporar estas viviendas al parque público de la Junta a precio asequible”.
Felipe López ha instado a Moreno y a su Gobierno a “no desaprovechar la ocasión de incrementar el parque residencial público de la Junta y de trasladar tranquilidad a familias vulnerables”, y ha acusado a la consejera de Fomento de tratar “de engañar a la opinión pública” al negar su competencia.
El diputado socialista ha insistido en que “se trata de proteger los intereses de 91 familias o de especuladores, y la omisión consciente del Ejecutivo andaluz es inaceptable y un escándalo político”. El Grupo Socialista ha registrado dos iniciativas al respecto: una pregunta al Gobierno andaluz que se verá en el próximo Pleno y una proposición no de ley (PNL) para que los grupos políticos se posicionen en la Cámara.
López ha subrayado que la Consejería de Fomento “tiene instrumentos jurídicos, tiene recursos con 3.000 millones más en el Presupuesto de la Junta respecto al ejercicio anterior, y debe demostrar si tiene voluntad política, decidiendo entre estar junto a las familias vulnerables que ven su derecho a la vivienda dañado o proteger por omisión a la especulación” inmobiliaria, ha concluido el parlamentario socialista.
