octubre 28, 2021
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Política

La Junta supo de la compra de las VPO de La Alcarrachela el 13 de abril

El pasado 13 de abril, la delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, recibió la notificación de la compraventa de las 91 viviendas de protección social de la calle Estatuto de Autonomía por 1,4 millones en la subasta por la liquidación de la empresa pública Sedesa.

A partir de esa fecha empezaba a contar el plazo legal de 60 días para que la Junta de Andalucía pudiera ejercitar el derecho de retracto sobre esas viviendas y mantener su titularidad pública, en virtud de la Ley 13/2005 que, en su artículo 12, regula los derechos de tanteo y retracto.

Ese plazo de dos meses expiró sin que la administración autonómica ejercitara dicho derecho y a pesar de que el Ayuntamiento de Écija lo solicitó el 24 de mayo, igual que lo solicitaron diversos partidos políticos y la propia corporación con el voto unánime de todos los grupos municipales.

En su resolución sobre esa solicitud del Ayuntamiento de Écija, firmada por la delegada territorial de Fomento, Susana Cayuelas, el pasado 28 de julio, la Junta de Andalucía recoge que el 6 de abril de 2021 se firma ante notario la escritura de venta de las 91 viviendas y sus anexos y que “con fecha 13 de abril de 2021 se notificó y se remitió por el citado notario a esta delegación territorial copia simple de la escritura de compraventa citada”.

Esa notificación se realizó, igualmente, en cumplimiento de la Ley 13/2005 relativa a las medidas en materia de vivienda protegida y que regula, entre otras, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la administración.

“La comunicación de la transmisión se realizó el 13 de abril del presente año”, afirma la resolución de la Junta de Andalucía, “habiendo por tanto transcurrido más de 60 días. Transcurrido el plazo, se entiende caducado el derecho [de retracto] por lo que ya no es ejecutable”, sostiene el escrito firmado por Cayuelas.

Igualmente, dice en su resolución la responsable territorial de Vivienda que la adjudicación de las 91 viviendas “no altera la naturaleza jurídica de los activos transmitidos”, por lo que los inquilinos e inquilinas de las VPO mantienen sus derechos sobre limitación de alquileres, entre otros.

No obstante, la resolución de Vivienda también dice que la calificación de vivienda protegida de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía se extingue el 3 de octubre de 2030.