La Junta responde al PSOE-A que la ley “impide” el derecho de retracto de las VPO subastadas

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asegurado este jueves que “la ley impide que la Junta pueda ejercer el derecho de retracto” en la promoción de 91 viviendas de Écija de protección oficial adquiridas por un fondo de inversión en la subasta de activos de la liquidada empresa municipal Sedesa.

Así se lo ha trasladado la consejera en el transcurso de una comparecencia en el Pleno en la que ha defendido que, “para financiar la promoción” de viviendas referida, “la sociedad municipal recibió ayudas económicas de la entonces Consejería de Fomento y Vivienda para destinar al pago de la cuota del préstamo hipotecario con el que se financiaba la actuación”.

“La previsión inicial fue de 4,9 millones de euros, se llegaron a efectuar pagos entre 1998-2010 por 1,9 millones”, y “el Gobierno socialista de la Junta decidió no seguir pagando al no justificar la sociedad municipal el destino y aplicación de la ayuda de 2010, y se revocaron las ayudas concedidas en 2013”, ha relatado la consejera antes de agregar que, “desde ese momento, la viabilidad de la promoción entró en riesgo”.

Carazo ha indicado que “la Ley 13/2005 de medidas para la vivienda protegida y el suelo establece que están sujetas al derecho de retracto legal las segundas o posteriores transmisiones de la titularidad del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho de uso y disfrute sobre las viviendas protegidas”, y, en el caso de las 91 viviendas de Écija, “no estamos ante una segunda transmisión”.

Así, ha explicado que la adjudicación de las 91 viviendas a través de un concurso subasta, es “una primera transmisión a la sociedad adjudicataria”. Además, ha dicho que el Gobierno, también socialista de la Junta, modificó en 2018 el artículo 33 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con lo que el regimen jurídico de las transmisiones forzosas es distinto al del caso de Santiponce al que alude el PSOE-A, y “estaríamos ante una transmisión forzosa que requiere comunicación posterior a la adquisición y el ejercicio del derecho al retracto tendría lugar en caso de incumplimientos en las comunicaciones y condiciones de la venta”, ha continuado la titular andaluza de Fomento.

La consejera también ha apuntado que las 91 familias de dichas viviendas “no están desamparadas”, y que el actual Gobierno andaluz “sí va a ponerse al frente y va a ejercer sus obligaciones de protección de esas viviendas durante el periodo legal de protección, de sus inquilinos, sea el titular quien sea el titular, y va a velar por su cumplimiento, porque esas son nuestras competencias”.

“Eso significa que los inquilinos o arrendatarios seguirán gozando de los mismos derechos”, es decir, “precios máximo de alquiler, limitación de usos de las viviendas y, fundamentalmente, derecho de adquisición preferente”, ha afirmado Marifrán Carazo antes de remachar que “les corresponde legalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos”.

Por su parte, el parlamentario socialista Felipe López ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de “plegarse a intereses especulativos poniendo una soga en el cuello a familias vulnerables al negarse a aplicar la Ley andaluza de Tanteo y Retracto y rescatar para el parque público de la Junta” de las citadas 91 viviendas.

López ha rechazado el “océano de mentiras” de la consejera de Fomento para “tratar de justificar su concesión a una sociedad privada que sólo persigue obtener pingües beneficios” colocando a los vecinos afectados “en la antesala del desahucio”.

Felipe López ha criticado, además, el “absoluto desprecio” del Gobierno andaluz al Ayuntamiento de Écija, que “ha solicitado en reiteradas ocasiones que la Junta ejerza el tanteo y retracto sobre estas 91 VPO sin éxito”, y ha calificado esta situación como “transgresión de la lealtad institucional, que es un mandato imperativo constitucional”.