junio 13, 2021
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Política

Gobierno y oposición recuerdan a la Junta su compromiso con las VPO de La Alcarrachela

El Gobierno local de Écija (PSOE) y partidos de la oposición (Podemos e IU) han pedido a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de retracto y adquiera las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de la Alcarrachela.

Estas viviendas han sido adquiridas en subasta por un fondo de inversiones con sede fiscal en Madrid por más de 1,4 millones de euros, dentro del proceso de venta de los bienes de la empresa de Desarrollo, Sedesa, quebrada en marzo de 2015, durante el gobierno PP-PA.

Una vez formalizada la adquisición de los inmuebles por esa empresa privada, la Junta de Andalucía tiene 60 días para ejercer el derecho de retracto y adquirir las viviendas por el mismo precio por el que fueron adquiridas por su actual propietario. De esa forma, explica el Ayuntamiento de Écija, se blindaría el carácter público de las viviendas.

El concejal de Gestión del Espacio Urbano en el Ayuntamiento Écija, Sergio Gómez, subraya el carácter social y público de las casas subastadas, que pertenecen al patrimonio municipal del suelo, y recuerda el compromiso de la Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía, Alicia Martínez, en octubre de 2019, de “garantizar los derechos de los vecinos” de las viviendas en subasta.

Entonces, Martínez señaló que “el interés de la Junta es que las personas que habitan esas viviendas tengan todas las garantías, dentro siempre de lo que permite la ley” y aseguró que “velaremos por estos inquilinos”.

Los grupos municipales de Podemos Écija e IU han manifestado también su preocupación por la subasta de estas viviendas sociales. El concejal de Podemos Écija, Mario Perea, se suma a la petición a la Junta de que ejerza su derecho de retracto y “las viviendas estén en manos públicas; ahora toca eso, y vamos a estar vigilantes, porque la vivienda es un derecho”, señala, y ha pedido al Gobierno local “que dialogue pero presionando también y que los vecinos y vecinas tengan la garantía de que van a seguir residiendo en sus viviendas”.

También Eligio García, concejal de IU, se suma a que la Junta se subrogue en la compra-venta de las viviendas “y sea una administración pública y no una empresa, que solamente busca intereses económicos, la que pueda tener la titularidad de las viviendas y entenderse con los vecinos y vecinas de las 91 VPO de Estatuto de Autonomía”.