julio 9, 2020
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El pleno rechaza un nuevo recurso contra el contrato de atención domiciliaria

La corporación municipal de Écija ha rechazado el recurso contra el nuevo contrato de la ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia presentado por ASADE, la patronal de empresas de este sector, que pedía además, la suspensión cautelar de la contratación del servicio.

La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) ha vuelto a recurrir la contratación del servicio de atención domiciliaria de la ley de Dependencia del Ayuntamiento de Écija, pidiendo la anulación de la licitación del contrato, iniciada el pasado mes de abril, y la suspensión cautelar del proceso.

Es la segunda vez que se recurre este contrato por esta misma entidad. De hecho, el servicio de la ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia ha tenido que volver a salir a concurso tras estimar el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) que el anterior contrato vulneraba “entre otros” el principio de transparencia.

El valor estimado del contrato para la atención domiciliaria de la Ley de Dependencia supera los 24’9 millones de euros. Sale a concurso por cuatro años. En la actualidad, y según el Ayuntamiento de Écija, reciben este servicio un total de 811 personas en la ciudad, a través de 326 trabajadoras.

ASADE recurre la licitación del servicio al entender que el pliego de contratación incumple determinados aspectos relacionados con el presupuesto, con la base de licitación y con el valor estimado del contrato. Sostiene la patronal de empresas de la atención domiciliaria que el servicio es “económicamente inviable” en las condiciones que plantea el Ayuntamiento de Écija, alegando que el importe de licitación no cubre los costes reales del servicio.

El Ayuntamiento de Écija ha desestimado por segunda vez el recurso de ASADE apoyándose en el hecho de que el coste por hora del servicio cumple el quinto convenio colectivo. Además, para la concejala de Servicios Sociales, Verónica Alhama, el hecho de que tres empresas se hayan presentado al concurso, “y una de ellas se mantenga, permite presumir que las condiciones de contratación son ajustadas al convenio”.

“Si no, entendemos que no se presentaría nadie, que quedaría desierto”,  opina Alhama. “El coste estipulado es el correcto, el servicio se tiene que cumplir, y debemos desestimar este recurso puesto que cumplimos el convenio colectivo; este es un servicio esencial que, se ha demostrado en esta crisis sanitaria, desarrolla una labor fundamental en el cuidado y atención a nuestros mayores y personas dependientes”.