El Ayuntamiento tarda cinco meses y medio en pagar sus facturas

El Ayuntamiento de Écija paga sus facturas cinco veces más tarde del plazo legalmente establecido. En lugar de los 30 días que marca la Ley de Morosidad para pagar a los proveedores de la administración, el consistorio astigitano tarda una media de 164,53 días en pagar sus facturas.

Según los datos de morosidad facilitados por el Ayuntamiento de Écija al Ministerio de Hacienda, los proveedores del consistorio ecijano tardaban en septiembre una media de cinco días más en cobrar que lo que tardaban en el segundo trimestre del año. El nuevo plazo medio de pago a proveedores vuelve a superar los 160 días de media y se acerca más a los 165,64 que tardaba en diciembre del año pasado que a los 156,92 de  marzo de este año.

Son especialmente significativos los datos de la empresa municipal Ecijanova, que ha pasado de pagar a sus proveedores en plazo – tardaba 29,43 días – a hacerlo en 62,25 días, un aumento del 111,5 por ciento. También llama la atención el caso del organismo de atención a personas con discapacidad, Prodis, que desde diciembre del año pasado había bajado de 18,8 días de media a 9,4 en marzo y que ahora supera el mes (30,59 días), un aumento de más del 69 por ciento con respecto al segundo trimestre de este año.

Según los plazos que están en vigor desde el año 2013 para la Ley de Morosidad, las administraciones públicas deben abonar sus facturas en el plazo de 30 días, que empiezan a contar a partir de otros 30 que tienen para verificarlas o comprobar que el servicio se ha prestado conforme a lo previsto y que todo está correcto.

Pasado ese plazo, las empresas pueden reclamar intereses de demora, si lo estiman oportuno. La media de las corporaciones locales del país en el mes de septiembre fue de 61,27 días, un plazo que Écija supera en más de 103 días.

El periodo medio de pago a proveedores es uno de los datos que se tienen en cuenta para certificar que una administración local se ajusta o no a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se trata de un aspecto con importantes repercusiones para las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que suelen trabajar con los ayuntamientos.

Además los ayuntamientos que incumplan este plazo legal no pueden realizar determinadas operaciones financieras sin autorización o incluso pueden verse obligados a abordar un plan económico-financiero; y este año, 2017, se ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso para estudiar sanciones.