agosto 2, 2021
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Política

El Ayuntamiento tarda una media de 193 días en pagar sus facturas

Aumenta la morosidad del Ayuntamiento de Écija con sus proveedores. En el tercer trimestre del año, el consistorio tardaba una media de 193,73 días en pagar sus facturas. Son quince días más que lo que tardaba en junio y tres semanas más de lo que empleaba en pagar en septiembre de 2015.

Según los datos del período medio de pago a proveedores que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Écija pagaba a sus proveedores en septiembre peor que en junio. La morosidad municipal ha aumentado en más de 43 días con respecto al primer trimestre de 2016, cuando el plazo medio de espera de un proveedor municipal era de 150,33 días.

La morosidad municipal supera en casi 164 días el plazo de 30 jornadas naturales fijado en la Ley de Morosidad desde 2013 como tope para que las administraciones paguen a sus proveedores.

Esos más de seis meses que tarda un proveedor en cobrar son el peor registro del consistorio en lo que va de año, en el que ha aumentado en seis semanas su morosidad. El plazo medio de pago de una factura era de 125,73 días en junio de 2015, justo 68 días menos que el registro que ofrecía el consistorio ecijano en septiembre de este año. El dato empeoró en septiembre de 2015, con un plazo medio de 172,46 días, y en diciembre del año pasado, que alcanzó hasta los 175,83 días de media.

En marzo de este año, el dato mejoró y la espera para cobrar se rebajó en 25,50 días, hasta quedar en 150,33 como período medio de pago. Sin embargo, los datos de pago han empeorado en los seis meses siguientes y el plazo de espera supera con mucho el medio año. El Ayuntamiento tenía en septiembre pasado cerca de 7,9 millones en pagos pendientes a proveedores.

Tal y como se ha previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el periodo medio de pago a proveedores es uno de los indicadores para determinar si hay o no estabilidad presupuestaria. Dos meses consecutivos sin ella obligan a elaborar un plan económico-financiero, con los recortes que se van a tomar para reconducir esta situación y pagar en tiempo y forma ya que, si la situación persistiera, los ayuntamientos pueden verse limitados en el acceso a operaciones de crédito o necesitar el visto bueno del Estado para acceder a subvenciones y ayudas.

La norma obliga a las entidades que no pagan a sus proveedores en el plazo máximo establecido a informar de los recursos que van a dedicar mensualmente al pago y a adoptar las medidas necesarias de gasto, ingreso o gestión de cobros, para reducir el plazo medio de pago a sus proveedores.