Espacio para la política

Espacio para la política

En un cercano pueblo de la Sierra Sur sevillana, las primeras elecciones municipales celebradas tras la caída del régimen franquista, las ganó un conocido y honrado vecino, hombre de pública militancia izquierdista,  perteneciente a una familia que conoció bien la crueldad de la represión. Su ilusión por cambiar la situación del municipio y ayudar a los más necesitados se vio pronto frustrada cuando, sistemáticamente, todas sus propuestas sociales eran tachadas de ilegales o irregulares por el Secretario del Ayuntamiento (un excelente profesional, por cierto, aunque quizás demasiado apegado a la literalidad de la norma).

        Los vecinos, por su parte, le urgían para llevar a cabo el cambio prometido, acusándolo de estar subordinado a los dictados del Secretario. En una ocasión, no sin cierta maldad, algunos avispados correligionarios, conscientes de la escasa formación académica del Alcalde, le insinuaron que si el Secretario le bloqueaba sus iniciativas era porque en el archivo municipal figuraban todos los antecedentes de lo hasta entonces realizado por anteriores alcaldes franquistas, precedentes de los que el Secretario no podía apartarse y así la política del régimen anterior seguía rigiendo el pueblo.

        Al día siguiente, antes de que el Secretario apareciera por el Ayuntamiento, el Alcalde ordenó colocar el carro de la basura (entonces tirado por burros), bajo el balcón del consistorio y desde allí tiró todo el archivo, prendiéndole fuego en el vertedero municipal.

        Todavía hoy se está intentando reproducir los documentos mas importantes de ese archivo, entre ellos el expediente de segregación del vecino pueblo del que formó parte y las actas municipales.

        He recordado esta anécdota, (que conocí en mis primeros años de ejercicio profesional asesorando a otro Alcalde de este mismo municipio) viendo el Pleno de nuestro ayuntamiento en el que se debatían las alegaciones a un recurso interpuesto  frente al pliego de condiciones redactado para la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Los informes técnicos, que se inclinaban por la desestimación de las alegaciones, eran defendidos por los representantes del gobierno con la misma vehemencia con que la oposición solicitaba la paralización del procedimiento. Nadie, sin embargo, se planteó si en una materia tan absolutamente técnica como la contratación pública, las opiniones subjetivas de los miembros de la Corporación pueden entrar en contradicción con los informes técnicos obrantes en el expediente administrativo, sobre todo teniendo en cuenta que, por imperativo legal, todo acto administrativo, y los acuerdos del Pleno lo son, tiene que estar fundamentados en derecho y  no en meras opiniones, por muy respetables que estas sean.

        Esto nos lleva a plantearnos quien, de facto, ejerce realmente el gobierno municipal (los gobiernos municipales en general y no solo el de esta Ciudad). La supresión de competencias locales, la implantación de límites de gasto, el cumplimiento de las leyes de estabilidad presupuestaria, la prohibición de contratación de personal por los ayuntamientos, etc. han limitado mucho el margen de actuación que tenían los municipios. Si a ello le unimos que la mayoría de alcaldes y concejales carecen de conocimientos jurídicos, económicos, presupuestarios, urbanísticos, y de otras demás materias a que se refieren las decisiones que a diario toman, viéndose obligados a seguir los informes emitidos por los distintos funcionarios municipales, resulta que, al final, su actuación al frente de los Ayuntamientos queda limitada a firmar resoluciones administrativas que, la mayoría de las veces ni entienden, y a defender en los Plenos municipales propuestas que, por su alto grado de contenido técnico-jurídico, han sido elaboradas sin intervención alguna de los representantes municipales pero que estos asumen como  propias y defienden como si fuesen la espina dorsal de su constitución ideológica.

No se dan cuenta que así se presentan ante los ciudadanos como garantes y responsables últimos de unas actuaciones cuya autoría pertenece a quienes, carentes de legitimación democrática, no están sometidos al enjuiciamiento de las urnas.

        Aquel pobre Alcalde que tiró el archivo municipal era consciente de las trabas administrativas para desarrollar las políticas que, ideológicamente, creía debía llevar a cabo. Hoy la situación es bastante más perversa: decisiones tomadas al margen de la política y respondiendo a no se sabe qué intereses, son asumidas como propias por responsables políticos que no han tenido intervención alguna en su diseño y, además, nos las quieren vender como acción de gobierno de alto contenido ideológico, probablemente por el prurito de mostrar públicamente una suficiencia en la gestión generadora de confianza. Luego, si las consecuencias son perjudiciales o si los Tribunales acaban anulándolas no será al técnico informante a quien la ciudadanía le exigirá las lógicas responsabilidades.

        No es de extrañar que para algunos, entre los que me encuentro, el margen de discrecionalidad política quede reducido a determinar a cuál de las múltiples procesiones de las que gozamos estos días deben acudir nuestros munícipes.

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Miguel Aguilar

Abogado