octubre 24, 2020
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Sólo la EMU, Ecijanova y el museo pagan sus facturas a tiempo

El Ayuntamiento de Écija emplea una media de 150,33 días en pagar sus facturas. En el primer trimestre de 2016, solamente la Empresa Municipal de Urbanismo (EMU), la Fundación Municipal del Museo Histórico y Écijanova Vocación de Servicios cumplieron el plazo de 30 días naturales que fija la Ley de Morosidad como tope para pagar a los proveedores municipales.

El consistorio sobrepasa en cuatro meses (120,33 días, en concreto) el plazo legal fijado desde 2013, según los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ayuntamiento ecijano tarda ahora en pagar a sus proveedores 25,50 días menos de lo que tardaba a 31 de diciembre de 2015, pero sigue estando por encima del plazo que marca la ley, que sólo cumplen la EMU (que paga a 28,85 días), el museo histórico (que lo hace a 28,27) y Écijanova, y eso a pesar de que las dos primeras empeoran sus plazos de pago.

Los proveedores de Écija Comarca TV (la empresa que gestiona la televisión pública) tardan 94,65 días en cobrar, mientras que los del patronato de atención a personas con discapacidad, Prodis, lo hacen a algo más de dos meses (62,39 días). El patronato de Deportes – que paga a 2014,31 días – y, sobre todo, la Fundación Municipal de Artes Escénicas, responsable del teatro público – que paga a 322,88 – son los más morosos.

Esta última, además, ha pasado en menos de un año a tardar seis meses más en pagar; de los 142,42 días que tenían que esperar sus proveedores en el segundo trimestre de 2015, pasa en el primer trimestre de 2016 a pagar a más de diez meses.

Tal y como se ha previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el periodo medio de pago a proveedores es uno de los indicadores para determinar si hay o no estabilidad presupuestaria. Dos meses consecutivos sin ella obligan a elaborar un plan económico-financiero, con los recortes que se van a tomar para reconducir esta situación y pagar en tiempo y forma ya que, si la situación persistiera, los ayuntamientos pueden verse limitados en el acceso a operaciones de crédito o necesitar el visto bueno del Estado para acceder a subvenciones y ayudas.