mayo 13, 2021
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Sociedad

Llevan al Tribunal de Cuentas las facturas por reciclaje de basuras

Miguel Aguilar, el vecino de Écija al que un juzgado ha dado la razón declarando improcedente el cobro del primer semestre de la tasa por tratamiento de basuras, ha elevado el caso ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas, al entender que la Mancomunidad de Écija – que gestiona este servicio – “obtuvo un beneficio ilegítimo” al cobrar la tasa, de un lado, y al percibir una subvención de la Diputación, por otro.

Señala Aguilar que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija acordó la imposición de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de basuras y aprobó un convenio de colaboración con el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur para que los residuos fueran tratados en la planta de reciclado que este tiene en la localidad de Estepa.

Entre ambas entidades se fijó un canon de 21,798 euros por tonelada. Al carecer la Mancomunidad de medios propios para poder prestar el servicio de recepción de residuos y transporte de los mismos al centro de transferencia de Estepa, adjudicó a una entidad privada el mismo por un periodo de diez años y por un precio de 7,98 euros por tonelada más IVA al mes, “una vez presentada la factura por el concesionario atendiendo al número de toneladas de residuos domiciliarios en masa gestionados y tratados en Estación de Transferencia cada mes, y conformada ésta por la Intervención de esta Mancomunidad”.

Datos de facturación “ficticios”. Fue precisamente un informe del director técnico del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, que acredita que hasta junio de 2009 la Mancomunidad no prestó el servicio de tratamiento de basuras, el principal argumento del juzgado para fallar a favor de Aguilar, que denuncia ahora que “para desvirtuar ese documento”, la representación de la Mancomunidad presentó  facturas sin firmar “y, al parecer, emitidas por el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur”, con numeración correlativa, emitidas en la misma fecha”, sin IVA.

En esas facturas aparece la cantidad de toneladas depositadas en el Centro de Tratamiento, que no concuerda con la cantidad fijada en el convenio de colaboración entre el Consorcio y la Mancomunidad, “prueba inequívoca de lo ficticio de los datos aportados en el Juzgado y que, además, corroboran que el servicio no fue prestado durante el primer semestre de 2009”, denuncia Aguilar.

Concluye este vecino que “la Mancomunidad obtuvo un beneficio ilegítimo” y que “de ser ciertas las facturas aportadas, se han abonado unas cantidades que no se corresponden con la realidad pues el servicio no se prestó”, por lo que reclama que se aclaren los hechos “por sii los mismos constituyen ilícitos contables”.