El comité de empresa pide la readmisión de una despedida
El comité de empresa del Ayuntamiento de Écija, el órgano de representación del personal laboral municipal, ha pedido que se mantenga el puesto de la auxiliar administrativa despedida el pasado mes de enero del área de Bienestar Social y Familia y una reunión con la concejala de Personal para “buscar una posible solución”.
Los representantes laborales denuncian que el despido de la trabajadora – con cerca de cinco años trabajados en el consistorio, en los servicios sociales comunitarios, en relación con el servicio de la ley de Dependencia – no les fue comunicado, como es preceptivo. “Hemos tenido conocimiento de él de forma extraoficial”, aseguran, “sin que se haya notificado al comité de empresa”.
Además, el comité de empresa recuerda al Gobierno local (PP-PA) que, “en diferentes manifestaciones públicas”, ha reiterado su intención de no despedir a ningún empleado público y “mantener la plantilla de empleados públicos en su totalidad”. “Incluso en la actualidad se está realizando un estudio de reorganización del personal municipal de las distintas áreas, siempre teniendo como objetivo el mantenimiento de los puestos de trabajo”, abundan.
Por último, el comité de empresa entiende que “el personal que lleva varios años trabajando en este Ayuntamiento y posee experiencia en el ámbito de lo público es más necesario que nunca” ya que la oferta de empleo público está congelada “e incluso la tasa de reposición es cero”.
El PP culpa a la Junta. El PP, socio mayoritario en el equipo de gobierno municipal, justifica el despido en los recortes a las prestaciones para la ley de Dependencia y critica a la Junta de Andalucía “que ha rebajado de 80.000 a 55.000 euros el dinero que nos tiene que mandar”, asegura.
Para el PP, las competencias en la materia son de la Junta de Andalucía, “y si asumimos cada vez más obligaciones llevaremos al Ayuntamiento a la quiebra, así que no podemos ser responsables de lo que la Junta no quiere cumplir”.
Desde el comité de empresa se rechaza ese argumento, recordando que Gobierno central y Junta de Andalucía aportan el dinero para los trabajadores sociales adscritos al servicio de atención domiciliaria de la ley de Dependencia, pero dejan a decisión de los ayuntamientos la contratación del personal administrativo, y reclaman “un esfuerzo” por parte del equipo de gobierno para mantener los puestos de trabajo.
