Caso Peñaflor: el exgerente de Viturse declarará como imputado
La causa incoada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Écija en torno a las polémicas obras de rehabilitación promovidas por el Ayuntamiento en el palacio de Peñaflor, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), está pendiente aún de que preste declaración como imputado Antonio López Tarifa, quien fuera gerente de la empresa adjudicataria de estas obras en cuestión.
Fernando Osuna, el abogado que representa al grupo andalucista del Ayuntamiento de Écija en estas diligencias, ha apuntado que López Tarifa ocupa un acta de concejal por el PP en el Ayuntamiento de Lobras (Granada), extremo que de hecho figura en la propia página web de este consistorio alpujarreño. Tal información, según Osuna, ha sido trasladada al juzgado de Écija, al objeto de que promueva las “gestiones” necesarias para que sea nuevamente llamado a declarar.
Antonio López Tarifa, en ese sentido, ya fue llamado a declarar por esta causa por un juzgado de Roquetas de Mar (Almería), dado que las diligencias le localizaban en este municipio costero.
Causa iniciada por un particular. La causa parte de la denuncia formulada hace unos años por un ciudadano, a título particular, a cuenta de la situación del palacio de Peñaflor, propiedad del Ayuntamiento de Écija. En 2004, el monumento fue objeto de un concurso público promovido por el Ayuntamiento y orientado a su rehabilitación y transformación en un hotel de cuatro estrellas y 58 habitaciones.
Tras quedar desierto el concurso público, las obras fueron finalmente encargadas a ‘Viturse S.L.’ en un procedimiento negociado sin publicidad. En 2006, de cualquier forma, el Ayuntamiento de Écija entregó la correspondiente licencia de obra a la empresa adjudicataria de los trabajos, si bien la adjudicataria no abonó las tasas municipales y, en febrero de 2007, una inspección habría descubierto que la empresa había comenzado una serie de sondeos en el interior del monumento sin haber cumplido el mencionado y obligado pago. En abril de 2008, finalmente, el por entonces Gobierno municipal de Juan Wic (PSOE) resolvió el contrato dados los “incumplimientos” de la constructora adjudicataria.
