Prodis denuncia impagos de la Junta por más de 235.000 euros
La Junta de Andalucía debe 235.654 euros al patronato municipal de atención a discapacitados Prodis. Los impagos del concierto económico y la liquidación a los centros de día de Prodis han llevado a la dirección del organismo local a unirse a las movilizaciones de protesta convocadas por Confederación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps).
“El problema en Prodis es puntual”, reconoce el director del organismo local, Manuel Martín, “con la diferencia de que, al tener parte en el presupuesto, el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo para minimizar el retraso en los pagos”. Con cargo a las arcas municipales se están pagando las nóminas de los empleados, y a día de hoy Prodis “debe a algunos proveedores, se ha pagado muy poquito porque hay poco dinero”, según Martín, pero el patronato “está al día en el pago de nóminas a falta de una extraordinaria”.
Según el director de Prodis, la última liquidación de la Junta a los centros de día es la de marzo. Este retraso en los pagos no es nuevo, y ha obligado al Ayuntamiento a pagar “como puede lo más básico, las nóminas y la seguridad social, porque el convenio del personal de Prodis es el mismo que el del resto del personal municipal y la aportación del Ayuntamiento es de 490.000 euros al año”, señala Martín. El presupuesto de Prodis supera los 1,9 millones de euros anuales, de los que el 72% se destina a pagar nóminas y seguridad social.
“Estamos en una lucha en la que nos va mucho”, enfatiza Martín, “porque la atención a personas con discapacidad es clave y con los impagos podemos retrotraernos muchos años en la calidad de la atención a las personas con discapacidad”.
En Prodis trabajan 46 personas y son atendidas un centenar de personas con discapacidad, según Martín. Atendiendo a las reclamaciones de Feaps, el organismo autónomo municipal no descarta llevar a cabo las medidas de presión que organice aquella, igual que las ha secundado la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad Intelectual y Sensorial ‘La Raíz’, que se ha encerrado en la sede de la asociación.
Los colectivos de atención a personas con discapacidad denuncian que, al no cobrar de la Junta, no pueden atender el pago de salarios, seguros sociales, IRPF, suministros, etc., con la consiguiente merma en la calidad de los servicios que reciben sus usuarios.
