La Fiscalía pide cinco años de prisión por la destrucción de restos arqueológicos en Las Islas
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla pide cinco años de cárcel y una indemnización de más de dos millones de euros para el representante de una empresa inmobiliaria por supuestamente dañar un yacimiento arqueológico en el Cortijo de las Islas, de Écija durante cuatro años.
Lo ha adelantado la Cadena SER, que señala que la Fiscalía acusa a la entidad de supuestos delitos contra el patrimonio y desobediencia. En la finca de Las Islas, el encausado abrió zanjas, colocó una red de tuberías para regar el terreno y llegó a plantar almendros a pesar de que el Ayuntamiento le ordenó que parara las obras desde el primer momento y de que la Audiencia de Sevilla años después solo le permitía regar los árboles y recoger sus frutos.
En la parcela afectada, de más de 27.500 metros cuadrados, existen varios yacimientos arqueológicos de grado 1 – el máximo fuera de la catalogación extraordinaria – y que corresponderían a una villa romana con una necrópolis que se continuaba en el tiempo con restos de un poblamiento de época andalusí, en el primer caso, y con poblamientos prehistóricos que también se prolongaban en el tiempo hasta época romana y andalusí en el segundo de los yacimientos.
Según la Fiscalía, entre 2016 y 2019, la persona encausada ignoró las órdenes de paralización de apertura de las zanjas y no tuvo en cuenta que el valor arqueológico del enclave prohíbe el movimiento de tierras o el paso de maquinaria agrícola.
Los graves daños al patrimonio, señala el Ministerio Público, “no residen exclusivamente en la merma causada a los restos arrasados sino en la pérdida de la información arqueológica que ofrece el terreno acerca del modo de vida de los antepasados”.
La Fiscalía, también solicita, que reponga el terreno a su estado original lo que puede costar más de 128.000 euros. Las obras tendrán que hacerlas las administraciones.
En julio de 2018, el Ayuntamiento de Écija denunció ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de la ciudad la presunta destrucción de estos dos yacimientos arqueológicos y haber llevado a cabo supuestas actuaciones sin las licencias y autorizaciones oportunas.
Las Islas fue adquirida en 2015 tras enajenarla el Ministerio de Defensa. Sus propietarios llevaron a cabo en el verano de 2016 tareas supuestamente de desbroce, para ampliar a regadío las tierras. El Ayuntamiento denunció que una inspección in situ de octubre de 2016 reveló que se estaban llevando a cabo obras y movimientos de tierra de gran calado sobre los yacimientos.
La inspección también reveló obras en zona cercana a la carretera A-388, la que une Écija con Herrera, en la que se había creado un talud de cuatro metros de altura sin respetar la distancia legal establecida; igualmente se detectó que se había actuado en zonas cercanas a cauces y a vías preferentes, “y, por lo tanto, desde disciplina urbanística se levanta acta para que cesen inmediatamente y se implanten medidas cautelares de paralización de las obras” hasta que la propietaria “presente proyecto como estipula la Ley del Suelo”.
Tras varias denuncias vecinales y una del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Écija paralizó las obras y la Policía Local precintó las instalaciones, al desobedecer la empresa los requerimientos municipales y mientras se resolvían las cautelas arqueológicas y las licencias de obras en trámite. No obstante, en una visita posterior, el Ayuntamiento comprobó que se habían roto los precintos y continuado con las obras.
