El Defensor del Pueblo admite la queja de los afectados de las VPO de La Alcarrachela
El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido la queja de las familias afectadas por la venta a un fondo de inversiones privado de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela.
Las 91 familias afectadas recurrieron a Jesús Maeztu para que medie en su situación, remitiendo a la oficina del Defensor la documentación sobre lo ocurrido con la subasta de sus viviendas y la negativa de la Junta de Andalucía a ejercitar el derecho de retracto al que se comprometió.
Maeztu entiende que la queja vecinal reúne los requisitos para ser admitida a trámite e informa a las personas afectadas que “se han iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes” para atenderla.
En concreto, el Defensor del Pueblo informa que “se ha solicitado a la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que nos aporte cuanta información disponga sobre los hechos” planteados por los vecinos de las VPO de Estatuto de Autonomía.
Los inquilinos de las viviendas sociales vendidas a un fondo privado recurrieron al Defensor del Pueblo en octubre pasado, y le hicieron llegar “la documentación que nos han pedido para que ellos también nos echen una mano”. Los afectados quieren que Maeztu medie ante la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía “y nos diga si tiene o no derecho la Junta a intervenir, que nos digan algo. Nosotros pagamos nuestra vivienda, queremos una seguridad como ciudadanos que somos”.
