La Junta insiste en que “la ley impide rescatar las viviendas sociales de Écija”
La delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Sevilla, Susana Cayuelas, ha insistido este martes que “la ley impide que la Junta pueda ejercer el derecho de retracto” en la promoción de las 91 viviendas de protección oficial de La Alcarrachela, en Écija, subastadas como consecuencia de la liquidación de la ya extinta empresa municipal Sedesa.
Cayuelas ha realizado estas declaraciones tras la concentración llevada a cabo por los vecinos de las citadas viviendas de la calle Estatuto de Autonomía a las puertas del Palacio de San Telmo para pedir a la Junta soluciones y que ejerza el derecho al retracto para que las mismas no acaben en poder de un fondo privado.
A través de un audio difundido por la Junta de Andalucía, Cayuelas señala que esta “no es propietaria de esas viviendas” y achaca la situación a la “mala gestión socialista en todas las administraciones” que “lleva a estas familias a la situación en la que se ven envueltos, con el agravante de que los mismos que los llevan a esa situación los utilizan políticamente”, recalca.
Afirma Cayuelas que “las 91 familias no están desamparadas y el actual Gobierno andaluz sí va a ponerse al frente y va a ejercer sus obligaciones de protección de esas viviendas durante el periodo legal de protección, lo que significa que los inquilinos o arrendatarios seguirán gozando de los mismos derechos, es decir, precios máximo de alquiler, limitación de usos de las viviendas y, fundamentalmente, derecho de adquisición preferente”.
Vecinos de Écija se han concentrado este martes a las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla para pedir a la Junta de Andalucía soluciones a la situación que afrontan las familias de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, y ejerza su derecho de retracto sobre tales viviendas, para que las mismas no acaben en poder de un fondo privado.
Las citadas 91 viviendas salieron a subasta como consecuencia de la liquidación de la ya extinta empresa municipal Sedesa y fueron adquiridas por un fondo de inversión privado por 1.150.000 euros. El período legal de protección social del que gozan se extingue el 3 de octubre de 2030.
Esta acción supone una nueva movilización del colectivo afectado, tras la celebrada en la propia localidad a finales del mes pasado, con el apoyo del Ayuntamiento astigitano, gobernado por David García Ostos (PSOE). Asimismo, han prestado su apoyo a los inquilinos otros grupos políticos, como Fuerza Ecijana, Izquierda Unida y Podemos Écija.
