Las VPO de ‘La Cachucha’ afectadas por la quiebra de Sedesa vuelven a manos públicas
El Ayuntamiento de Écija ha escriturado las 17 viviendas sociales de la calle Villarreal. Las viviendas, conocidas en su día como ‘La Cachucha’, ya son propiedad del consistorio, que las ha adquirido por 261.300 euros, casi cuatro veces menos del precio en que estaban tasadas.
En diciembre pasado, el pleno de la corporación ecijana aprobaba solicitar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) que adquiriera estas viviendas “y el Ayuntamiento se comprometía a hacer lo propio”, comprando estas viviendas protegidas que, finalmente, fueron adquiridas a través de ese acuerdo el pasado mes de mayo.
En un acto en la Notaría de Écija, el Ayuntamiento ha firmado la escritura de compra, trámite final “para recuperar unas viviendas que eran propiedad del Ayuntamiento y, por tanto, de la ciudad, que, en el proceso de liquidación de las empresas púbicas, durante el mandato del PP, parecía que era un problema”, señala el alcalde de Écija, David García Ostos, que critica “el desentendimiento absoluto” del anterior gobierno PP-PA con este problema.
“Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con familias supeditadas a resoluciones judiciales, más difíciles de resolver y de volver atrás”, recuerda García Ostos. Con la compra por parte del Ayuntamiento “estamos dando tranquilidad a esas familias para que sus viviendas no estén en manos de fondos buitre, y recuperamos un patrimonio que era de los ecijanos y que vuelve a la ciudad”.
El alcalde ecijano señala que su gobierno negocia con los inquilinos de las VPO de Villareal la compra de esas viviendas. “Ahora mismo, la seguridad de las personas que viven en esas viviendas está garantizada, las VPO vuelven a estar en manos públicas y ahora llegaremos a un acuerdo para la compraventa para quien quiera, por supuesto”, avanza García Ostos.
En marzo de 2015 se aprobó el auto de liquidación de Sedesa, en el que entraron las viviendas de ‘La Cachucha’ y las de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, que salieron a subasta pública dentro del proceso de liquidación de los bienes de la empresa municipal. El proceso de subasta quedó desierto al no pujar nadie por las viviendas.
Otras cinco promociones de vivienda protegida – un total de 332 viviendas – tuvieron solución, según el Ayuntamiento, al subrogarse este “en los préstamos ICO que las atañen, por lo que se evitó su salida a subasta pública”.
