Salen a subasta las viviendas sociales de ‘La Cachucha’
Las 17 viviendas de protección oficial (VPO) de la calle Villareal, en la zona conocida en su día como ‘La Cachucha’, se subastan para pagar deuda municipal. Hasta las seis de la tarde del lunes 19 de noviembre está abierta la puja para comprar estas viviendas, que se venden para pagar a acreedores de la empresa municipal de Desarrollo, Sedesa, declarada en quiebra.
Son viviendas sociales ocupadas por personas con escasos ingresos, algunas en paro. Pisos de unos 70 metros cuadrados, en planta baja unos y otros con dos plantas, ocupados por inquilinos que pagan en torno a 80 ó 90 euros mensuales. Las viviendas tienen también una plaza de aparcamiento de algo menos de 30 metros cuadrados.
El valor de subasta de los inmuebles oscila entre algo más de 62.500 y poco más de 63.000. Cada uno sale a la venta como un lote separado, según el Boletín Oficial del Estado (BOE). El pasado mes de abril, los vecinos y vecinas de esos pisos recibieron una notificación del administrador concursal de Sedesa, propietaria de esas viviendas, notificándoles esta medida, consecuencia de la liquidación de la empresa, declarada en quiebra en 2013.
El Juzgado de lo Mercantil que sigue el procedimiento concursal de la extinta empresa municipal de Desarrollo indica en la relación de bienes a subasta que cada una de las viviendas se encuentra gravada con un derecho de reversión a favor del Ayuntamiento de Écija, por el que se obliga a destinar los pisos a su uso como vivienda social; en caso contrario, volverá a ser propiedad de la corporación municipal.
Esto, unido al hecho de que existe el compromiso de destinar las viviendas a arrendatarios con ingresos familiares por debajo de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI) y el de vincular las viviendas al régimen de alquiler durante un mínimo de 25 años, llevan al Gobierno local (PSOE) a pensar que la subasta no es atractiva para compradores y que la misma va a quedar desierta.
La liquidación de Sedesa fue aprobada en marzo de 2015, año y medio después de iniciado el concurso de acreedores de la empresa. Todo su patrimonio está bajo tutela del administrador concursal, lo que incluye a las viviendas sociales propiedad de la entidad municipal en liquidación. Según el Juzgado Mercantil, la deuda que se reclama es de 6.790.940,13 euros.
