El pleno acuerda investigar el cambio en el préstamo a Aqua Campiña
La corporación municipal ha aprobado en pleno la creación de una comisión de investigación para aclarar el acuerdo que, en mayo de 2012, cambió las condiciones del préstamo suscrito entre Aqualia y la empresa mixta que gestiona el abastecimiento y depuración de agua, Aqua Campiña.
En ese consejo de administración se modificaron las condiciones del préstamo a la empresa Aqua Campiña, que debe devolver los 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros) a un interés del 5,60%, en lugar del referenciado al Euribor a 0,32% fijado en julio de 2001, cuando se firmó el préstamo para poder constituir Aqua Campiña.
La comisión de investigación se reunirá cada dos meses en sesiones ordinarias, aunque queda abierta la posibilidad de que se reúna con carácter extraordinario y urgente “siempre que sea necesario”, según el alcalde, David García Ostos (PSOE).
Según lo aprobado en el pleno de la corporación, la comisión (que deberá estar lista para emitir sus conclusiones en un plazo de seis meses) la integran nueve personas, contando al presidente de la misma, cargo que recae en el alcalde. Al tratarse de una comisión municipal solamente pueden integrarla concejales de la corporación, asesorados por la secretaria de la misma.
De los nueve integrantes de este órgano de estudio, información y consulta, tres son del PSOE (incluido el alcalde, que la preside), dos del PP, uno del PA, uno de Écija Puede-Podemos, uno de IU y uno de Fuerza Ecijana (FuE), formación esta última que propuso en el pleno del pasado mes de noviembre la creación de esta comisión de investigación y que, como IU y Écija Puede-Podemos, pidió que fueran seis y no nueve los componentes de la comisión (uno por cada grupo político) y que contasen con voto ponderado.
FuE también propone que la corporación apruebe posibles acciones judiciales, si procede, contra el acuerdo adoptado por el consejo de administración de la empresa responsable del servicio de abastecimiento de agua, tal y como se aprobó por unanimidad en abril de 2015, a petición del PSOE, entonces en la oposición y ahora en el gobierno local en minoría.
