Familias de usuarios de Prodis exigen responsabilidades políticas por agresiones físicas graves
La Asociación de familiares y tutores legales de residentes de Prodis (AFAMIT), junto con familiares directos de los usuarios de la Residencia de Gravemente Afectados (RGA), ha emitido un contracomunicado en el que rechazan de forma tajante la versión pública ofrecida por el Ayuntamiento de Écija tras la suspensión cautelar de tres empleados.
Según denuncian las familias, el consistorio recurrió a un lenguaje impreciso que «oculta, maquilla y blanquea» la extrema gravedad de los hechos al calificar como «comportamientos inapropiados» lo que consideran auténticas agresiones físicas constitutivas de presuntos delitos de lesiones y tratos degradantes.
De acuerdo con lo expuesto por el colectivo, la propia notificación interna remitida por la dirección del centro a uno de los familiares revela un escenario radicalmente opuesto al comunicado institucional. En dicho documento interno se detallan múltiples «guantazos» propinados por una monitora y un «puñetazo en el estómago» por parte de otro monitor a un usuario con un 85% de discapacidad mientras era atendido en el baño, bajo la supuesta justificación de que «se pusiera derecho».
A estos hechos se suman denuncias previas por traumatismos continuados —como un fuerte hematoma en el ojo derecho en un interno operado de desprendimiento de retina— que el centro no habría aclarado.
Contradicciones, falta de atención médica y cámaras averiadas
En su escrito, AFAMIT desglosa varias contradicciones de calado frente a la versión municipal. En concreto, señalan que el informe de la Vicepresidencia de la Agencia Pública de Administración Local (APAL) Prodis recoge expresamente la existencia de «indicios fundados de criminalidad» trasladados al Ministerio Fiscal, aspecto omitido en el comunicado inicial del ayuntamiento.
También denuncian que el propio informe directivo deja constancia de que la víctima «no fue trasladado a un centro sanitario, ni visto por un médico en ningún momento después de estos incidentes» bajo el argumento de no presentar evidencias físicas, lo que las familias tachan de grave negligencia en la custodia de personas dependientes.
Por último, desmienten los familiares la efectividad de los controles preventivos y recuerdan que llevaban entre tres y cuatro años reclamando formalmente la reparación del sistema de videovigilancia, ante lo cual solo recibían respuestas verbales de que las cámaras se encontraban averiadas.
Exigencia de rectificación y depuración de responsabilidades
Ante estos hechos, el colectivo y los tutores legales han exigido al Ayuntamiento de Écija una rectificación pública inmediata que se ajuste a los datos de la investigación interna, la entrega del expediente remitido a la Fiscalía Provincial de Sevilla y a la Junta de Andalucía, así como la depuración de todas las responsabilidades oportunas, incluidas las políticas. Asimismo, reclaman la entrega inmediata de las grabaciones, una certificación técnica sobre la avería de las cámaras y un informe individualizado para cada tutor sobre posibles incidentes, caídas o lesiones sufridas por sus familiares.
Las familias y AFAMIT han anunciado que ejercerán todas las acciones judiciales y administrativas necesarias para esclarecer lo sucedido.
