julio 23, 2024
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Política

El PSOE se queja al Defensor del Pueblo de “la falta de transparencia” del PP

El Grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Écija ha solicitado amparo a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ante “la falta de transparencia” que, a su juicio, demuestra el Gobierno local (PP) al no responder a las peticiones de información registradas por el PSOE en los últimos nueve meses.

El portavoz municipal del PSOE, Sergio Gómez, afirma que su partido ha registrado más de 25 solicitudes de información a diferentes áreas municipales desde septiembre del año pasado y el pasado mes de junio y de las que solamente tres han recibido respuesta.

“Pedimos informes, solicitamos facturas e información acerca de contratos”, especifica Gómez. “Si se abre una calle peatonal y el PP argumenta que hay informes de policía y de movilidad que lo aconsejan, queremos ver esos informes”, argumenta el portavoz municipal del PSOE, “si sabemos que hay personas trabajando en dependencias municipales, queremos saber si son de una empresa o contratados por el Ayuntamiento y si se ceden espacios municipales para un evento, queremos saber si se sigue la normativa vigente”.

Para el concejal socialista son “cosas del día a día, de las que pedimos información para nuestra tarea de fiscalización del equipo de gobierno, velando por la seguridad, por la legalidad y por el correcto uso del dinero de todos los ecijanos”.

“Ante eso, nos estamos encontrando negativas y escritos que se van amontonando y nadie nos contesta”, lamenta Gómez, que afirma que su grupo se ha visto “obligado a pedir amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, ante la falta de transparencia y la nula voluntad de colaboración de un equipo gobierno que se niega a facilitarnos la información solicitada para poder desarrollar nuestra labor de fiscalización”.

Se da la circunstancia de que el PP de Écija también requirió la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz en septiembre de 2017, alegando la misma supuesta falta de transparencia del gobierno que entonces ejercía el PSOE, que los populares entendían como un incumplimiento de “la obligación legal de facilitar datos e informaciones a los miembros de las corporaciones locales”, al no responder el Gobierno socialista de entonces a seis escritos.