El pleno municipal debatirá pedir la nulidad de la compra de las VPO de La Alcarrachela
El pleno del Ayuntamiento de Écija debatirá el próximo lunes solicitar a la Secretaría de Vivienda que pida la nulidad judicial de la venta de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, al reconocer la Junta de Andalucía que se incumplió un trámite legal en la subasta de las mismas.
La Consejería de Fomento reconoce que el fondo privado que compró por más de 1,1 millones las 91 VPO no cumplió el trámite de comunicar su adquisición, con lo que imposibilitó a las familias inquilinas ejercer su derecho de retracto sobre las viviendas, según el Grupo municipal de IU.
El incumplimiento de ese trámite obligatorio abre la posibilidad a anular la venta de los pisos y recuperar su titularidad pública, según IU, que ha reclamado que se solicite al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla la nulidad de esa venta porque “entendíamos que no procedía esa adjudicación, teniendo en cuenta que había inquilinos a los que no se había dado oportunidad de ejercer el derecho de retracto que permite la normativa”.
El concejal de IU en el Ayuntamiento de Écija, Eligio García, apunta que fue a través del Consejo de Transparencia como su grupo obtuvo la resolución de la Junta “que dice bien a las claras que ese trámite de información a los vecinos y vecinas se lo saltó directamente la Consejería de Fomento”, y ese defecto legal permite anular el proceso de subasta de las 91 viviendas y que vuelvan a ser de titularidad pública.
“El objetivo es que se retrotraiga el procedimiento a donde está el vicio de nulidad”, dice García, “en que hay que avisar a los vecinos por si están interesados en adquirir sus viviendas, por el precio en el que se adjudicó en la subasta. El objetivo es que se permita a los vecinos y vecinas adquirir su vivienda por ese precio” que, calcula el concejal de IU es de unos 12.000 euros por cada vivienda.
En caso de que la Secretaría de Vivienda o la Consejería de Fomento rechacen requerir al juzgado de lo mercantil que anule la venta de las 91 viviendas sociales, García sostiene que puede hacerlo el Ayuntamiento de Écija “porque era el anterior propietario de las viviendas, y al desaparecer las empresas públicas propietarias de las viviendas, pasa a ser el propietario legítimo de las mismas el Ayuntamiento”.
