Las familias de las VPO vendidas a un fondo buitre recurren al Consejo de Transparencia
Las personas afectadas por la venta de las viviendas sociales de la barriada de La Alcarrachela han recurrido al Consejo de Transparencia para que obligue a la Junta de Andalucía a facilitarles la información acerca de la salida a subasta de sus viviendas, adquiridas por un fondo buitre hace ahora más de un año.
Las 91 familias afectadas recurren a este trámite ante el silencio administrativo de la Consejería de Fomento de la Junta, que no les ha facilitado información acerca de si fue comunicada la adjudicación de las viviendas, un trámite que recoge el artículo 29 de la ley de vivienda pública protegida, según el abogado de las personas afectadas.
El letrado, Francisco Tejado, sostiene que, si no se cumplió ese trámite legal “todo lo que se ha hecho en la venta de las viviendas es nulo de pleno derecho y volvemos a iniciar el proceso, en el que lsa viviendas tendrían que volver a su antiguo propietario, la corporación local, y a partir de ahí negociar un acuerdo para que se adjudiquen a sus legítimos tenedores, que son los vecinos y vecinas”.
“El deber de la administración es facilitar esa información, y no lo ha hecho”, acusa Tejado, que añade que también se ha enviado un burofax a la adjudicataria de las viviendas “instando el derecho de retracto que debía haber solicitado la Junta de Andalucía, y que no hizo en su momento”.
El abogado de las personas afectadas critica que el gobierno de la Junta de Andalucía “ha dejado a los vecinos y vecinas en manos de la especulación inmobiliaria, de un fondo especulador que lo único que pretende es ganar dinero. No lo van a conseguir”, aventura Tejado, “luchamos para que la ley y el derecho se apliquen y consigamos los objetivos que buscamos”.
El abogado de las familias afectadas asegura que “la consejera de Fomento está nerviosa, no dan respuesta debiendo haberla dado y esa inquietud demuestra que aquí algo no está bien”. Además, Francisco Tejado afirma que el fondo inversor que ha comprado las viviendas sociales no ha presentado en registro mercantil sus cuentas, “porque lógicamente no debe haberlas aprobado y, si no se han aprobado, difícilmente han debido presentar declaración tributaria”.
“Cada vez todo esto muestra más que es una operación de especulación inmobiliaria que quiere dejar a 91 familias en la calle para que un fondo buitre especule con el derecho de estas personas de Écija a disfrutar de una vivienda digna”, concluye el abogado.
