Las 91 familias de La Alcarrachela exigen una reunión urgente a Juanma Moreno
Las familias de las 91 viviendas de protección social situadas en las calles La Luisiana y Estatuto de Autonomía de Écija han registrado una petición de reunión urgente dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La iniciativa responde a la falta de respuesta institucional tras un año de silencio administrativo y al continuo deterioro del estado de sus inmuebles.
Las afectadas recuerdan que en julio de 2025 mantuvieron un encuentro con responsables de la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que la administración autonómica se comprometió a estudiar la problemática y ofrecer una solución formal en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, tras doce meses sin obtener contestación alguna —y habiendo registrado una solicitud previa en el Parlamento andaluz en noviembre de 2025 que tampoco fue atendida—, los adjudicatarios han decidido acudir nuevamente a la sede legislativa autonómica para exigir explicaciones.
Un año de silencio administrativo y falta de mantenimiento
Durante este periodo, las familias afectadas han denunciado el progresivo estado de abandono, falta de mantenimiento y deficiencias de seguridad que sufren los edificios, deficiencias que atribuyen directamente a la inacción del fondo de inversión propietario de los inmuebles. Asimismo, la vecindad manifiesta su profunda preocupación ante posibles maniobras de cambio en la titularidad de las acciones del fondo, movimientos que sospechan orientados a eludir los derechos de tanteo y retracto que podrían corresponder tanto a los propios inquilinos como a las administraciones públicas para rescatar las viviendas protegidas.
Ante las puertas del Parlamento autonómico, Carmen Ruiz Naranjo, representante y portavoz vecinal de los adjudicatarios, ha expresado el malestar de los residentes tras doce meses de espera infructuosa, asegurando que “volvemos a solicitar, otra vez por registro, que la Junta de Andalucía nos dé una reunión, porque nos dijeron que nos iban a dar una respuesta y llevamos un año esperando para esa respuesta”.
La portavoz de las familias afectadas por la venta de sus inmuebles al fondo de inversión ha recalcado la determinación del vecindario para conseguir una solución definitiva que garantice la habitabilidad y protección de sus hogares.
Amparo constitucional y respaldo político
Las 91 familias apelan formalmente al artículo 47 de la Constitución Española, que consagra el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, para exigir la intervención directa de la Junta de Andalucía frente a lo que consideran una situación intolerable de especulación inmobiliaria y desamparo público.
La protesta de los vecinos de Écija en el Parlamento andaluz cuenta con el respaldo expreso del grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en Écija y de su grupo parlamentario, cuyos representantes han vuelto a reclamar al Ejecutivo autonómico que asuma sus competencias y supervise el cumplimiento de las obligaciones legales del fondo de inversión.
