El Ayuntamiento no defenderá al concejal de Urbanismo en el caso del agua
El Ayuntamiento de Écija, bajo la presidencia de la alcaldesa Silvia Heredia (PP), ha desestimado la solicitud del concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Ángel Peña Fernández (PP), para que el letrado municipal asuma su defensa e intervenga en su representación en la causa penal instruida en los juzgados astigitanos. La decisión se ha oficializado mediante un Decreto de Alcaldía el pasado 10 de septiembre.
El dictamen frena la pretensión planteada por Peña (en la foto, junto con la alcaldesa de Écija) el pasado 9 de septiembre, en la que reclamaba el auxilio del gabinete jurídico local para afrontar el Procedimiento de Diligencias Previas 56/2026, incoado en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Écija.
Riesgo directo de contraposición de intereses
La resolución firmada por la regidora se apoya directamente en el informe vinculante elaborado por el propio letrado municipal el 9 de septiembre. Dicho análisis técnico dictamina que no procede otorgar la representación jurídica al responsable de Urbanismo al constatarse la existencia de un “riesgo objetivo y suficientemente concreto de contraposición entre los intereses particulares del solicitante y los intereses institucionales y, eventualmente, patrimoniales del Ayuntamiento”.
Debido a esta colisión de intereses entre la persona investigada y el consistorio, la asesoría legal concluye que el ejercicio del derecho a la defensa de Ángel Peña deberá realizarse mediante un abogado ajeno a la plantilla municipal. Frente al decreto de desestimación, el concejal dispone de la vía administrativa para formular un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Sevilla.
Investigación penal por presunta «maquinación» en el contrato del agua
El proceso judicial en el que se halla inmerso el edil tiene su origen en las diligencias 109/2025 promovidas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, remitidas al juzgado ecijano tras hallarse indicios de criminalidad en la adjudicación de un contrato menor de asistencia técnica.
Dicho contrato, formalizado el 7 de marzo de 2025 con la entidad Eguesan Energy S.L., tenía como objeto el asesoramiento previo a la finalización en 2026 de la concesión del servicio público de agua potable y alcantarillado, gestionado por la sociedad mixta Aqua Campiña. A tenor de las pesquisas practicadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil, el fiscal aprecia indicios de “maquinación” al haberse presentado presuntamente dos ofertas simuladas bajo una misma unidad económica, lo que contravendría la Ley de Contratos del Sector Público y el principio de secreto de las proposiciones.
Por estos hechos, constitutivos de presuntos delitos de prevaricación (art. 404 CP), fraude en la contratación (art. 436 CP) y negociaciones prohibidas a funcionarios (art. 439 CP), figuran citados a declarar como investigados el propio concejal Ángel Peña y dos administradores de la firma adjudicataria, además del jefe de Servicio de Organización del Ayuntamiento en calidad de testigo.
Este frente judicial coincide con la expiración del contrato de concesión de la explotación del servicio del agua tras 25 años de vigencia.
