IU critica a la Junta por permitir que un fondo privado especule con 91 VPO
El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha denunciado el “fracaso deliberado” del Gobierno andaluz en política de vivienda, centrando sus críticas en el caso de Écija, donde 91 viviendas protegidas han sido adquiridas por un fondo de inversión privado que ahora pretende venderlas al triple de su precio original.
Valero ha acusado a la Junta de “entregar el derecho a la vivienda a los especuladores”, dejando a las familias trabajadoras en la estacada.
El líder de IU ha dicho que el Gobierno andaluz “no sabe cómo está el mercado del alquiler porque no tiene un diagnóstico ni tampoco estadísticas oficiales propias de cómo está el mercado del alquiler” y afirma que “la Junta ni analiza, ni interviene, ni actúa”.
En este punto, destaca la operación de las 91 viviendas protegidas en Écija que “han pasado a manos de un fondo de inversión privado que ahora quiere vendérselas a las familias por el triple de lo que costaron”, lo que demuestra, según sus palabras, que “la Junta de Andalucía entiende que los fondos de inversión son los que tienen que determinar quién puede acceder a una vivienda”.
La polémica surge después de que el fondo de inversión adquiriera las viviendas, destinadas inicialmente a protección oficial, y ahora busque revenderlas con un sobreprecio, vulnerando su finalidad social. Valero ha subrayado que este caso es un ejemplo de cómo la Junta “prioriza el negocio de unos pocos sobre las necesidades de la ciudadanía” y acusa a Moreno Bonilla de “gobernar para los fondos buitre, no para los andaluces”.
La alcaldesa de Écija, Silvia Heredia (PP), ha anunciado que el Ayuntamiento ha remitido un escrito a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, solicitando su intervención para garantizar que estas viviendas mantengan su carácter protegido. “Necesitamos que la Junta colabore para defender el derecho a una vivienda digna”, ha declarado Heredia, que pide medidas para evitar que estos inmuebles pierdan su función social.
Por su parte, en declaraciones al diario El País, Hugo Ezequiel Rodríguez, dueño de la empresa propietaria de las viviendas, sentencia que la decisión sobre las mismas “es mía”. “Los pisos son míos y puedo hacer con ellos lo que quiera”, afirma, y advierte que “en 2030, por ley, se libera la VPO”, con lo que las viviendas dejan de estar protegidas y pueden venderse a precio de mercado.
