La Junta rechaza recuperar la titularidad pública de las viviendas de La Alcarrachela
La letrada de la Junta de Andalucía ha presentado un escrito de conclusiones en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla, en el que defiende la legalidad de la venta de las viviendas protegidas de Écija vendidas a un fondo buitre y sostiene que “no se prevé el ejercicio del derecho de tanteo y retracto” para las mismas.
La Junta emite esas conclusiones en el marco del litigio de las personas afectadas por la venta de sus viviendas contra la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. En el escrito, la representante legal de la Junta defiende la legalidad de la transmisión de 91 viviendas protegidas, argumentando que se trata de una primera transmisión y no de una segunda o posterior, como alegan los recurrentes.
El caso se centra en la compra de las viviendas, promovidas originalmente por la sociedad municipal Sedesa, por parte de la entidad Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido S.L., tras un proceso de subasta pública derivado del concurso de acreedores de Sedesa. La Junta de Andalucía sostiene que esta transmisión no altera la naturaleza jurídica de las viviendas, que mantienen su calificación como protegidas y su régimen de arrendamiento.
En su escrito, la letrada de la Junta argumenta que no se ha producido ninguna infracción legal, ya que la transmisión no está sujeta a las normas que regulan las segundas o posteriores transmisiones de viviendas protegidas. Además, rechaza la alegación de los recurrentes sobre la posible aplicación del derecho de retracto, señalando que este solo es aplicable en casos de segundas transmisiones o lanzamientos.
Con este escrito, la Junta de Andalucía solicita al juzgado que desestime la demanda y confirme la legalidad del acto administrativo impugnado, con la imposición de costas a las personas demandantes. El caso sigue su curso en los tribunales, mientras se espera la resolución final del juzgado.
