El Ayuntamiento abre 10 días de consulta para regular las plantas de biogás
Frente al auge de las energías de origen orgánico, el Ayuntamiento de Écija, a través del Área de Urbanismo, Obras Públicas y Movilidad, ha emitido un edicto con fecha de 14 de abril de 2026 para iniciar formalmente la Innovación nº 20 de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). El objetivo central de esta medida es establecer una regulación urbanística específica para la implantación de instalaciones dedicadas al tratamiento y valorización energética de materia orgánica en el municipio.
La decisión municipal responde a la “creciente proliferación” de iniciativas vinculadas a este tipo de actividades y a la actual ausencia de normas concretas en el planeamiento vigente que permitan ordenar estas instalaciones de forma adecuada. El pasado mes de enero, el concejal de Urbanismo, Ángel Peña, ya manifestó la intención del Gobierno local (PP) de establecer restricciones que garanticen que la salud pública y el bienestar de la ciudadanía no sufran perjuicios.
Como paso previo a la redacción del documento, el Consistorio ha activado un proceso de Consulta Pública Previa para fomentar la participación ciudadana. Durante un plazo de diez días hábiles, contados tras la publicación en el portal de transparencia, los ciudadanos y organizaciones podrán aportar sus opiniones sobre los problemas que debe atajar la norma, su necesidad, sus objetivos y posibles alternativas.
Este movimiento urbanístico llega tras la postura técnica adoptada por el Ayuntamiento ante proyectos recientes. De hecho, el municipio ya ha presentado alegaciones solicitando la denegación de la autorización ambiental para dos plantas de biogás proyectadas en La Dehesilla y en la Dehesa del Chaparral. En ambos casos, los informes técnicos municipales señalaron deficiencias en la documentación, especialmente en lo relativo al tráfico rodado y al impacto sobre la fauna local.
Con esta modificación del PGOU, la administración local busca una herramienta legal sólida que le permita ejercer su competencia para otorgar o no las calificaciones ambientales necesarias.
